La universidad privada multiplicó cobertura de matrículas

La reforma de la educación superior peruana no puede construirse sobre prejuicios ideológicos. Sin embargo, buena parte del debate sobre la universidad parte de una premisa equivocada: que la educación privada constituye un actor secundario del sistema o que su expansión representa, por sí misma, un problema que el Estado debe contener. Los datos demuestran lo contrario. En las últimas décadas, las universidades privadas han sido el principal motor de crecimiento de la cobertura universitaria y han permitido que cientos de miles de jóvenes accedan a una formación profesional que, de otro modo, probablemente no habrían podido obtener.

Un punto de quiebre fue la promulgación, en noviembre de 1996, del Decreto Legislativo N.° 882, durante el gobierno de Alberto Fujimori. La norma estableció condiciones y garantías para promover la inversión privada en educación, con el propósito de modernizar el sistema y ampliar la oferta educativa. La decisión respondió a una realidad concreta: la demanda por educación superior estaba creciendo a un ritmo que las universidades públicas no podían atender. La apertura a la inversión privada permitió, entonces, incrementar significativamente la oferta y acercar la universidad a nuevos sectores sociales.

Las cifras reflejan la magnitud de ese cambio. Según el estudio Impacto de la educación superior universitaria privada en el Perú, elaborado por APOYO Consultoría para FIPES, la matrícula en universidades privadas pasó de 419,000 estudiantes en 2008 a 1.38 millones en 2025. En ese mismo período, la tasa bruta de matrícula universitaria entre los jóvenes de 17 a 24 años aumentó de 11.4% a 23.4%. En menos de dos décadas, por tanto, se duplicó la proporción de jóvenes que acceden a estudios universitarios. Y ese crecimiento está estrechamente vinculado con la expansión de la oferta privada.

Este proceso tampoco se limitó a Lima ni benefició exclusivamente a los sectores de mayores ingresos. La universidad privada llegó a ciudades y zonas periféricas donde durante décadas la oferta pública fue insuficiente. Para miles de familias de distritos como Comas, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador o Villa María del Triunfo, contar con una institución universitaria más cercana significó reducir las barreras geográficas y económicas que impedían continuar una carrera. La inversión privada ocupó un espacio que el Estado no había conseguido cubrir oportunamente.

Hay un dato particularmente importante para desmontar otro prejuicio: más de siete de cada diez estudiantes de universidades privadas pertenecen a los niveles socioeconómicos C, D y E. No se trata, por tanto, de un sistema reservado exclusivamente para las familias de mayores ingresos. Allí estudian jóvenes de familias emergentes, trabajadores, emprendedores y sectores de clase media que consideran la educación universitaria una herramienta de movilidad social. Para ellos, una universidad privada no representa un privilegio, sino una oportunidad de acceder a una profesión, al empleo formal y a mejores ingresos.

Esto no significa que toda universidad privada deba ser defendida sin condiciones. Precisamente porque su participación en el sistema es tan importante, debe estar sometida a exigencias rigurosas de calidad. En ese sentido, el licenciamiento institucional de la SUNEDU constituyó un filtro necesario. El proceso estableció condiciones básicas en infraestructura, investigación, docencia, gestión y servicios para los estudiantes. La primera etapa concluyó con 94 instituciones licenciadas —46 públicas y 48 privadas—, mientras que 50 recibieron una licencia denegada. El dato demuestra que la regulación no estableció una protección para el sector privado: las universidades fueron sometidas a estándares y aquellas que no los cumplieron quedaron fuera del sistema.

La evolución posterior confirma que el sector continúa bajo supervisión. Actualmente, la SUNEDU registra 107 universidades con licencia institucional vigente. Y algunas universidades privadas han adquirido además una presencia significativa en investigación y en las mediciones internacionales. En el ranking Scimago 2025 aparecen entre las principales instituciones peruanas la PUCP, Cayetano Heredia, la UPC, la Universidad César Vallejo, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Privada del Norte. Asimismo, la PUCP alcanzó el puesto 345 en el QS World University Rankings 2026, manteniéndose como la universidad peruana mejor ubicada en esa clasificación global.
Por ello, el debate debería abandonar la falsa disyuntiva entre universidad pública y universidad privada. El Perú necesita mejores universidades públicas, con mayor presupuesto, investigación y capacidad de responder a las necesidades de sus estudiantes. Pero también necesita un sector privado competitivo, regulado y capaz de continuar ampliando la cobertura. Enfrentar ambos modelos sólo terminaría perjudicando a los jóvenes.

La verdadera reforma universitaria debe concentrarse en aquello que todavía está pendiente: mejorar la transparencia de la información, fortalecer la supervisión de la calidad, ampliar los créditos y becas para los estudiantes de menores recursos y vincular las carreras profesionales con las necesidades productivas del país. El objetivo no debe ser reducir la presencia de la universidad privada, sino conseguir que toda institución —pública o privada— ofrezca una educación de calidad y genere oportunidades reales.
El Perú no puede darse el lujo de retroceder en la ampliación de su cobertura universitaria. Más de un millón de estudiantes forman parte hoy de la educación superior privada. Ignorar su existencia, cuestionar su aporte por razones ideológicas o pretender limitar su expansión sin ofrecer alternativas públicas suficientes sería desconocer la realidad. Una reforma universitaria responsable debe partir de los datos y no de los prejuicios. Y los datos muestran que la universidad privada ya es una pieza indispensable de la educación superior peruana.