Los desafíos en la educación de la nueva administración

José Antonio Chang juró como ministro de Educación el pasado 28 de julio, durante la ceremonia de instalación del gabinete que encabeza el premier Luis Galarreta, marcando el regreso de un rostro conocido a una cartera que, en dos décadas, ha visto pasar más ministros que reformas concretadas. Chang no es un improvisado: fue titular del Minedu entre 2006 y 2011, durante el segundo gobierno aprista, y llega ahora como rector de la Universidad de San Martín de Porres desde 1996, con la experiencia institucional que exige un sector históricamente inestable.

Ese antecedente importa porque el diagnóstico que hereda es brutal. La propia presidenta Keiko Fujimori fue explícita en su mensaje a la Nación: al llegar a los 15 años, el 40% de los adolescentes peruanos no ha desarrollado habilidades mínimas en matemática y el 50% tampoco las ha desarrollado en lectura, con la meta de reducir ambas brechas a la mitad durante el quinquenio. La cifra coincide con lo que ya había documentado la prueba PISA 2022: el Perú obtuvo 391 puntos en matemática, por debajo del umbral mínimo de competencia, y apenas 408 en lectura. Es decir, el 34% de los estudiantes alcanzó el nivel básico en comprensión lectora, frente a un promedio de 69% en la OCDE.

Para cerrar esa brecha, el mensaje presidencial anunció un trabajo conjunto con los docentes para fortalecer su formación, además de un programa de expansión y mejoramiento de escuelas con herramientas digitales y kits escolares. La promesa tiene sentido porque cerca de la mitad de los colegios del país se encuentra en situación de precariedad, a pesar de que la inversión pública en el sector prácticamente se duplicó en la última década, hasta alcanzar en promedio el 4,9% del PBI. Ese contraste —más presupuesto, brechas que no se cierran— es exactamente el punto que Chang deberá resolver: no es un problema de recursos, sino de gestión y de resultados en el aula.

El plan de gobierno «Perú con Orden» traza además una hoja de ruta ambiciosa en infraestructura: la construcción de 3,000 colegios durante el quinquenio y la intervención de instituciones dañadas, especialmente en zonas rurales donde la brecha de acceso es histórica. Durante la campaña, Fujimori había prometido elevar el presupuesto educativo y remodelar los colegios construidos durante el primer gobierno de Alberto Fujimori.

Pero las claves de la reforma no solo están en la infraestructura, sino también en el currículo. La educación no es solo infraestructura ni presupuesto: es el campo donde se decide qué valores, qué historia y qué visión de país absorbe una generación entera antes de cumplir dieciocho años. Durante años, corrientes ideológicas afines al progresismo global capturaron ministerios, currículos y programas de formación docente, imponiendo agendas ajenas a la tradición, la familia y el sentido común de millones de padres peruanos. Si Chang y Fujimori quieren una verdadera «revolución educativa», no bastará con levantar colegios: hará falta el coraje político de disputar el contenido mismo de lo que se enseña, sin miedo a las presiones de organismos internacionales ni de sectores universitarios capturados por el activismo ideológico.

El desafío de Chang es doble: ejecutar obra física con velocidad y traducir en resultados medibles por PISA las metas anunciadas por la presidenta —algo que ningún ministro logró consistentemente en la última década de inestabilidad ministerial—, y sostener, a la vez, una batalla cultural que defina si la escuela peruana forma ciudadanos libres o repite dogmas ajenos a la tradición nacional. El éxito de este quinquenio no se medirá solo en metros cuadrados construidos, kits entregados o becas otorgadas, sino en si el Estado recupera la valentía de enseñar sin complejos aquello que realmente forma personas capaces, libres y arraigadas en su identidad.