Desde las reformas económicas de los noventa, la Consti...
Reflexiones sobre el proyecto estatista de Jaime Saavedra
Todos los peruanos de buena voluntad deben estar orgullosos de que la Universidad Católica logre los mejores lugares para el país en los rankings internacionales de universidades. Aplausos. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para existan más universidades con logros parecidos? Existen dos respuestas: o promovemos la competencia académica abierta o empoderamos a la burocracia estatal (clara propuesta de la izquierda). La experiencia del mundo nos indica que solo los sistemas universitarios con acreditaciones independientes del Estado y protagonismo de la sociedad han organizados las mejores claustros del mundo. Occidente, Estados Unidos y los países emergentes del Asia, lo demuestran.
¿A qué viene todo esto? La izquierda ha lanzado una feroz ofensiva para convertir sus intereses ideológicos en la base de una nueva reforma de la educación. Cuando la izquierda creía en el asalto del poder la idea de la calidad académica le era indiferente. Eran los tiempos del predominio leninista y del pleno control de la Universidad de Huamanga en Ayacucho. Luego de que la izquierda se transformara en una fuerza democrática asumió el criterio gramsciano de la construcción de un bloque ideológico, cultural y político. Al margen de sus logros académicos, la Universidad Católica se ha convertido en el portaaviones de esta estrategia que busca transformar en sentidos comunes las propuestas izquierdistas. Por ejemplo, la zurda está logrando que las bases de la actual reforma educativa se desarrollen sobre el recetario estatista.
El ministro de Educación (MINEDU), Jaime Saavedra, y la burocracia del sector han demonizado de tal manera a la inversión privada en el sector que todos los males de los claustros superiores son endilgados a las universidades societarias. Pero, ¿cuál es el verdadero problema en la educación superior? Ante la existencia de una educación para ricos (Universidad Católica) y otra para pobres (universidades estatales), y el colapso de la educación estatal ante la masiva migración, en los años noventa se permitió la inversión privada para ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa. Se amplió la cobertura, se diversificó la oferta, las pensiones bajaron considerablemente, pero se olvidó una clave de los mejores sistemas universitarios: la acreditación de la calidad. La ex Asamblea Nacional de Rectores (ANR) abandonó este pilar de la reforma.
En este contexto, en los modelos estatal, asociativo y privado aparecieron buenos y malos ejemplos. En el modelo asociativo la Católica se consolidó como una excelente experiencia y la Garcilaso continuó deteriorándose. En el modelo societario surgieron claustros competitivos como la UPC, la San Ignacio de Loyola, la Científica del Sur y la Continental, y también universidades deficientes como la César Vallejo.
Sin embargo antes de que Saavedra iniciara “la reforma estatista” el sistema de acreditación promovido por el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) había logrado movilizar más de 3,000 comités de calidad en colegios, institutos y universidades. Al Minedu no le interesa para nada el primer movimiento procalidad educativa a nivel nacional, y hoy intenta ahogar a estos comités. El motivo: no le interesa un sistema de acreditación independiente del Estado, sino uno controlado por la burocracia estatal.
Cuando se acusa al Minedu de estatista, los funcionarios suelen replicar que no lo son porque promueven asociaciones público privadas y obras por impuestos para resolver temas de infraestructura educativa. Gravísimo error. El sector privado no es la base del cemento sino la base de la innovación para cualquier sistema educativo que pretenda engancharse con la IV Revolución Industrial. ¿A quién se le ocurre que el burócrata va a ser el guardián de lo académico, lo científico y cultural?
Para el proyecto estatista del Minedu, en realidad, deben existir dos tipos de universidades: las estatales y las asociativas (Católica). Es decir, a la larga una universidad para pobres y otra para ricos. Ante la migración masiva de los noventa se fomentó la inversión privada otorgando a las societarias los mismos beneficios tributarios de los que gozaba la Católica. El resultado fue sensacional: las privadas de excelencia tuvieron las tasas más altas de reinversión, con excelentes resultados académicos y buena infraestructura. La Católica se vio obligada a hacer lo mismo. Estaba surgiendo competencia.
Hoy el Minedu ha establecido las siguientes restricciones a las universidades privadas competitivas: tienen que volver a sacar el licenciamiento (décadas de esfuerzo dependen de los burócratas de turno), se han paralizado todos los procesos de acreditación y, jugando en pared con el Ministerio de Economía, se pretende recortarles los beneficios tributarios de los que goza la Católica. Si a estas restricciones le agregamos la prohibición de las acreditaciones en la educación básica, con el objeto de que un colegio privado no sea mejor que uno estatal, la arquitectura estatista aparece completa.
En el preciso momento en que en los estados de bienestar de Europa se busca diversificar la oferta en pensiones, educación y salud, y cuando la IV Revolución Industrial sacude el planeta, el ministro Saavedra y la izquierda nos proponen una reforma educativa del siglo XIX, creyendo que estamos en tiempos del imperio napoleónico.
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