Huelga magisterial: ¿Un parteaguas en la reforma educativa?

Se necesita abandonar el estatismo para avanzar en la educación

La huelga magisterial de más de 70 días y que ha puesto en peligro el año escolar en los colegios estatales ha desnudado, con extrema violencia, la crisis de la escuela pública en el Perú. Y por otro lado, ha dejado en evidencia que los intentos de demonizar al sector privado en la educación solo formaban parte de la agenda política e ideológica de la izquierda. Quizá el mayor daño que causó la gestión de Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación (Minedu) a la política promeritocracia que se implementaba desde dos gobiernos anteriores haya sido el haber desviado el foco de atención de la sociedad hacia los males y deficiencias de las escuelas privadas (que existen), mientras se abandonaba las políticas meritocráticas en el Estado.

A entender de este portal, durante la administración nacionalista y de Saavedra se fermentaron las causas de esta terrible huelga magisterial por las siguientes razones: durante la administración previa de José Antonio Chang 60,000 mil profesores se incorporaron a la nueva Carrera Pública Magisterial (CPM), mediante los nombramientos de docentes de la Ley del Profesorado y por concursos públicos. De más de 200,000 profesores, más de un tercio ya había aceptado el régimen meritocrático. El Gobierno nacionalista cedió a los chantajes sindicalistas y disolvió la meritocracia unificando a los profesores de la CPM con la ley del profesorado. Se crearon ocho escalas para aderezar el terrible retroceso.

Peor aún. El abandono de la meritocracia fue tan evidente durante la conducción de Saavedra que solo se nombraron 8,000 profesores mientras aumentaban los profesores contratados, de 15,000 a 160,000. ¿Puede haber dudas sobre el abandono de la meritocracia? Lo que sí hubo es denso humo para demonizar al sector privado en educación. Sin embargo el problema no es Saavedra, sino la concepción estatista que se impuso y que, de una u otra manera, alienta el estatismo del radicalismo sindical magisterial.

Uno de los méritos de Saavedra fue haber incrementado el presupuesto de Educación a 3.9% del PBI. Sin embargo, en medio de la crisis magisterial la mayoría de observadores comienza a hablar de las insuficiencias presupuestales y establece las respectivas semejanzas con los países de la OCDE. Es más, Pedro Castillo, dirigente de los gremios magisteriales radicales, propone que se destine el 10% del PBI. Ante el estatismo, más estatismo parece ser la consigna.

Sin embargo, se olvida que la inversión privada en educación, de acuerdo a diversos estudios, representa cerca del 3% del PBI. ¿Por qué no considerar el aporte privado como una posibilidad? Peor todavía cuando la migración de los estudiantes de los colegios públicos a los privados se incrementa cada año, sin que ninguna campaña del Minedu pueda detenerlo. En una encuesta de Datum del 2017 se establece, por ejemplo, que el número de estudiantes en colegios privados ha aumentado de 27% a 35%. Algo más. Como se sabe dos tercios de la matrícula en educación básica es atendida por la escuela pública mientras un tercio por el sector privado. En este contexto, ¿si seguimos aumentando presupuesto sin reforma la escuela pública hacia dónde vamos?

Al respecto vale leer con atención las cifras y enfoques que plantea José Garrido, director de Perú 21, en su artículo dominical con respecto a las posibilidades del sector privado en la reforma de la educación en el Perú. Un artículo que se debe leer. Pero la clave para convertir el final de la huelga magisterial en un parteaguas dentro de la reforma educativa es abandonar el punto de vista estatista que nos señala que solo el Estado puede proveer buena educación para los pobres.

Las visiones estatistas comienzan a ser abandonadas incluso en Europa, la cuna del Estado de bienestar, porque el incremento de la longevidad y la reducción de la natalidad, que vienen con el desarrollo, reducen las posibilidades fiscales del Estado. De allí que los estados europeos se hayan lanzado a convocar al sector privado y a la sociedad para buscar formas imaginativas para atender los servicios en educación, salud y pensiones.

Si el Estado se dedica a crear un sistema de acreditación de la educación básica en la que participe la sociedad civil y entidades especializadas, el sector privado se convertiría en el mejor aliado de la reforma meritocrática de la escuela pública. Con colegios privados acreditados, en el Estado se concentrarían los recursos en las escuelas más pobres, para conseguir centros de alta calidad que compitan de igual a igual con los mejores colegios privados.

Para avanzar en esa ruta se necesita convertir al director de la escuela en el verdadero protagonista de la reforma (hoy es el burócrata del Minedu) y de las llamadas evaluaciones que tanto aterran a los maestros. Si los directores asumen el liderazgo, las alianzas con los padres de familia serán casi naturales y, de pronto, el poder magisterial se trasladará a las escuelas y a los directores, antes que a los sindicatos radicales.

Una verdadera reforma de la educación que se concentre en organizar una escuela pública de alta calidad para los sectores menos favorecidos debe tender a subsidiar la demanda antes que la oferta. Es decir, priorizar el financiamiento de los gastos de las familias en educación (sistema de vouchers) para que los padres de familia elijan el mejor colegio para sus niños. Y, finalmente, para que este sistema funcione se necesita pluralidad de oferta: que junto a la escuela pública exista el colegio privado y las escuelas sociales (Fe y Alegría), en permanente competencia para ganarse el favor de los padres de familia.