¡El fracaso del licenciamiento de la Sunedu!

El estatismo sigue desorganizando a la universidad

El modelo estatista de regulación del sistema universitario que se implementó durante la pasada gestión del ex ministro de Educación Jaime Saavedra —a través de la nueva Ley Universitaria— y que crea la Supertintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), comienza a hacer agua por todos lados. Luego de un año y medio de procesos de licenciamiento en curso, solo trece universidades se han licenciado ( dos públicas, una societaria y el resto asociativas), mientras que las denuncias de irregularidades y de manejos arbitrarios de la burocracia se multiplican aquí y allá.

En este portal lo hemos sostenido repetidamente: el licenciamiento estatista, que empodera al burócrata y que prioriza el licenciamiento del Estado antes que la acreditación permanente y sistemática de la calidad académica, no lleva a ningún lado. En el Perú, por ejemplo, las licencias se entregan por seis años como mínimo, mientras que en los mejores sistemas universitarios del planeta —como el de Estados Unidos— las licencias se entregan por única vez, pero la acreditación de las carreras y la calidad es un proceso vivo y permanente; de modo que una carrera acreditada puede perder el reconocimiento si no persiste en la mejora de la calidad. En el Perú el estatismo de la gestión Saavedra estableció que el burócrata es un dios que salvará el sistema universitario.

Durante una sesión de la Comisión de Educación del Congreso —en la que participó Lorena Masías, superintendente de la Sunedu—, la congresista Rosa Bartra planteó preguntas que dejaron asombrados a los presentes. Por ejemplo, se interrogó a Masías sobre por qué se había licenciado a la Universidad Agraria de la Molina, no obstante que no existe un uso exclusivo de campus universitario —allí funciona una empresa— tal como lo señala la ley universitaria y los asfixiantes reglamentos de la Sunedu.

La pregunta de Bartra, en realidad, no cuestionaba el licenciamiento de la universidad Agraria, sino la arbitrariedad con que los burócratas de la Sunedu interpretan y manejan las leyes y los reglamentos. Otras universidades públicas, por mucho menos, tal como sucede con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no consiguen el licenciamiento. Se calcula que San Marcos necesita alrededor de 800 millones para licenciarse. Igualmente, de los  dos claustros públicos licenciados, la Universidad Nacional Autónoma de Huanta ni siquiera tiene alumnos. A este paso el estatismo terminará destruyendo lo mejor de las universidades nacionales.

Pero eso no es todo en cuanto a la arbitrariedad de la burocracia. Una de las preguntas de Bartra estaba vinculada al licenciamiento de la universidad Antonio Ruiz de Montoya el pasado 19 de marzo. Bartra le preguntó a Masías por qué la celeridad en el licenciamiento de la Ruiz de Montoya —existen muchas otras solicitudes antes que la de la mencionada universidad— y cuáles eran las condiciones particulares de este proceso. Enseguida la congresista Bartra dejó entrever si acaso la premura en el mencionado licenciamiento tenía que ver con que la esposa de uno de los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu era directora de una escuela de la Ruiz de Montoya.

Como se aprecia por las preguntas de Bartra y los resultados en el licenciamiento, en el sistema universitario está sucediendo lo que suele pasar cuando se empodera al burócrata en asuntos que deben ser resueltos por la sociedad, sobre todo en temas de educación. La arbitrariedad en la interpretación de las leyes y reglamentos es incuestionable. El favoritismo con el modelo de universidad asociativa (Católica y Garcilaso) es innegable. Por ejemplo, solo bastaría comparar cuánto tiempo y cuántos trámites tuvo que desarrollar la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) para conseguir su licenciamiento —la única societaria que lo ha logrado— para comprender cómo el burócrata interpreta a su regalado gusto la actual legislación universitaria.

En este portal lo sostenemos otra vez: no se trata de maquillar una ley que empodera a la burocracia como si el Perú fuese un régimen soviético, sino de crear otro sistema en el que se empodere a la sociedad y a los consumidores (padres de familia y estudiantes) para la solución de la crisis universitaria, a través de la elección de los claustros con información académica válida. Y que también se desarrolle un sistema de acreditación permanente alejado del control estatal.