¿Congreso contra meritocracia en escuela pública?

La comisión de Educación del Congreso de la República está a punto de aprobar dos proyectos de ley que acabarán con los esfuerzos por instalar la meritocracia en la escuela pública peruana. Uno de ellos, el Proyecto de Ley Nº 2312/2017-CR (presentado el 11 de enero pasado por congresistas del Partido Aprista, Fuerza Popular y Frente Amplio), pretende restituir en sus plazas a los docentes interinos que fueron cesados por la Resolución de Secretaría General Nº 2078-2014-MINEDU, por no haber cumplido los requisitos exigidos para formar parte de la nueva carrera magisterial.

Otra iniciativa que se aprobaría es el proyecto Nº 2311/2017-CR, que pretende restituir en sus cargos a los directores y subdirectores cesados de las instituciones de educación básica regular (por la aplicación del DS Nº 003-2014-MINEDU) que no cumplían los requisitos exigidos por la política promeritocracia en la escuela pública. Ambas iniciativas atentan gravemente contra la reforma de la escuela pública, una política de Estado iniciada en la gestión del ex ministro de Educación, José Chang a mediados de la década pasada. Reincorporar a los profesores cesados como nombrados (en el mismo puesto) es un pésimo antecedente que atenta contra la formación de los niños más pobres, cuyo futuro depende de una buena escuela pública.

De aprobarse ambas normas, 14,317 docentes que no siguieron las políticas de capacitación de la nueva carrera pública magisterial se beneficiarán. Las contrataciones docentes que consagraría la nueva legislación representan actos de injusticia en contra de aquellos profesores que se han esforzado durante mucho tiempo para asistir a todos los cursos de capacitación y aprobar los concursos de mérito, de nombramiento y ascenso organizados por el Ministerio de Educación (Minedu).

Desde 1984 los docentes llamados “interinos”, sin título e incluso sin estudios pedagógicos, ingresaron al sector educación y fueron destinados a las zonas rurales. Tuvieron diversas oportunidades para ser parte del sector educativo, como la Evaluación Excepcional de Docentes Nombrados sin Título Pedagógico, realizada en 2014. En ese proceso, solamente aprobaron e ingresaron a la carrera pública magisterial 546 profesores. Los profesores sabían que si no aprobaban la evaluación serían cesados.

Ahora —de sopetón, de manera irresponsable y por afanes políticos que buscan el respaldo popular— a la mayoría del Congreso se le puede ocurrir aprobar una norma claramente populista que afectará a los estudiantes de las escuelas públicas. De un plumazo se borrarán todas las evaluaciones meritocráticas realizadas por el Minedu, enmarcadas en la Ley General de Educación (Ley N° 28044) y la Ley de Reforma Magisterial (Ley Nº 29944), que buscan introducir el mérito en la carrera pública magisterial.

El Congreso no puede alentar el mal ejemplo. No puede ir en contra de una corriente nacional que respalda la sociedad y es aceptada por toda la comunidad educativa; sobre todo cuando la mayoría de profesores asiste con entusiasmo a rendir los exámenes programados por el Minedu. En otras palabras, el Legislativo premiará a los mediocres y castigará a quienes se esfuerzan. Y lo niños pobres pagarán los platos rotos.

En las instituciones educativas públicas, la meritocracia debe establecer relaciones directas entre el aumento de remuneraciones y el desarrollo de intensos programas de capacitación de docentes y de autoridades educativas. Los resultados de esos programas deben reflejarse en las evaluaciones organizadas por el Minedu, siguiendo las políticas de la Ley General de Educación y la Ley de Reforma Magisterial. Ningún profesor de la escuela pública puede estar al margen de la ley ni de los esfuerzos de sus demás colegas. Leyes populistas destinadas a favorecer a un sector alientan el desorden, la desobediencia y el mal ejemplo.