Urgente: inversiones en agua y desagüe

La modalidad de inversión mediante Obras por Impuestos (OxI) —con la que el sector privado invierte a cuenta de sus tributos— puede convertirse en una herramienta fundamental para resolver los problemas de agua y desagüe en el país. Según el ministro de Economía, Carlos Oliva, en septiembre próximo estará listo el nuevo reglamento del Decreto Nº 1361, que regula las operaciones del mecanismo OxI, que acaba de cumplir diez años. Por su lado, ProInversión ha confirmado que a la fecha se han adjudicado 346 proyectos, con inversiones de S/ 3,935 millones, y que existe una cartera pendiente de 384 proyectos por S/ 5,029 millones.

El mecanismo OxI le ha mejorado la vida a más de 15 millones de peruanos en 20 regiones del país. Piura es el departamento con mayor inversión acumulada: S/ 571 millones en 36 proyectos. Le siguen Arequipa, con S/ 564 millones en 39 proyectos, y Áncash, S/ 561 millones en 48 proyectos. Según ProInversión, las empresas que más han invertido durante los diez años son el Banco de Crédito (S/ 1,100 millones), Southern Perú (S/ 596 millones) y Minera Antamina (S/ 576 millones).

El objetivo del nuevo marco legal de OxI es dinamizar las inversiones de manera descentralizada y reducir, lo más pronto posible, las brechas en infraestructura. Una de las mejoras de la nueva reglamentación es simplificar la administración del sistema para hacer más eficientes los recursos públicos. La novedad será la estandarización de la documentación necesaria para todos los convenios.

OxI también será una palanca de desarrollo relacionada con las Entidades Prestadoras de Servicio (EPS), encargadas de proveer los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Vale recordar que en mayo pasado el premier César Villanueva anunció en el Congreso de la República que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra se ha propuesto alcanzar al 2021 una cobertura de acceso al agua del 85% en los sectores rurales y de 100% en los sectores urbanos. La idea es que la nueva reglamentación se ajuste a los objetivos planteados por el Gobierno.

De acuerdo al Banco Mundial, para un poblado de un millón de personas, se necesita inversiones del orden de US$ 100 millones (del 2008) para una planta convencional de tratamiento de aguas residuales. Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), 8.7 millones de personas no tienen servicios de alcantarillado en sus viviendas. Es decir, es necesaria una inversión total de unos US$ 870 millones para cubrir el alcantarillado en el país.

En julio pasado, el ministro Javier Piqué, del sector Vivienda y Construcción, aseguró que en Lima la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Chira (Chorrillos) procesa el 100% de las aguas servidas de Lima. Lo mismo sucede con la PTAR Taboada en Callao. Sin embargo, en el interior del país la situación es terrible. Un estudio realizado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) indica que el 70% de las aguas servidas (más de 786 millones de metros cúbicos de aguas residuales de procedencia doméstica) no tiene ningún tipo de tratamiento.

Lo cierto es que el Estado ha fracasado proveyendo los servicios de agua potable y alcantarillado. Las 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) son un desastre. Trece de ellas están intervenidas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), por problemas financieros y técnicos y por casos de corrupción. Además, tienen dificultades técnicas y económicas para asumir los costos de operación y mantenimiento de las plantas.

Y mientras las aguas residuales están contaminando todas las cuencas del país, las ONG del ambientalismo ideológico están mudas frente a la mayor contaminación del país. Al extremismo ambiental no le interesan las toneladas de contaminantes físicos, químicos y biológicos, en concentraciones de alta gravedad, que se arrojan diariamente a los ríos, lagos y mar en Perú. No es su negocio. Solo prestan atención a las supuestas contaminaciones provocadas por la minera moderna y responsable, instalada en el Perú. No se inmuta frente a la pasividad de las autoridades por el tremendo daño ecológico.

Si el Estado no ha resuelto sus obligaciones con el agua potable y las aguas servidas —por mala gestión y corrupción— que la responsabilidad la asuma la inversión privada mediante OxI. En Arequipa, por ejemplo, la compañía minera Cerro Verde construyó la planta de tratamiento La Enlozada para procesar el 83% de las aguas servidas de la ciudad y para descontaminar las aguas del río Chili. Y el agua procesada beneficia directamente a la población y al agro.