¡Urgente! ¡El Perú necesita una nueva ley de promoción agraria!

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (27360) ha detenido el crecimiento vertiginoso de las agroexportaciones que, en las últimas dos décadas, pasaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en la actualidad. Si bien los envíos al exterior de más de 600 variedades de frutas y hortalizas han seguido creciendo hasta el año pasado, por la inercia de las inversiones anteriores, según diversas proyecciones, el declive comenzaría en este año.

Bajo el marco jurídico de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú, el sector agroexportador captó más de US$ 20,000 millones en inversiones e incrementó en más de 1000% la masa tributaria sujeta a la recaudación del Estado. Igualmente, el empleo formal se incrementó de 460,000 empleos, directos e indirectos, en el 2004, hasta más de un millón en la actualidad. Sin embargo, desde la derogatoria de la Ley 27360 no hay nuevas inversiones y, aproximadamente, desde el mes de octubre del año pasado, cada mes se pierden alrededor de 100,000 empleos formales.

¿Cuáles eran las claves de la Ley de Promoción Agraria derogada por el gobierno provisional de Sagasti? La mencionada norma tenía un régimen promocional de 15% en impuesto a la renta, que incrementó en más de 1000% las exportaciones, multiplicó la inversión y, sobre todo, fomentó la permanente reinversión de las utilidades. Por otro lado, la norma derogada consagraba un régimen laboral en base a la flexibilidad de los contratos de trabajo a semejanza de todos los países desarrollados (de Europa y Asia) que han alcanzado el desarrollo y el pleno empleo.

En algunas empresas agroexportadoras se llegaba a contratar a más de 15,000 trabajadores –con todos sus derechos y beneficios sociales– de acuerdo a las temporadas de siembra, mantenimiento y cosecha. Sin embargo, la nueva Ley 31110, que se promulgó luego de la derogatoria mencionada, no solo eliminó el régimen tributario promocional, sino que promovió la negociación sindical por rama, la contratación preferente de los trabajadores previos y estableció el bono especial del trabajador agrario (un salario 30% por encima de la remuneración mínima vital), eliminando de un solo golpe la flexibilidad laboral.

Los resultados están al primer golpe de vista, sobre todo frente a la carencia de nuevas inversiones y pérdidas de empleo. En este contexto, el Ejecutivo ha anunciado que presentará al Congreso un proyecto de nueva ley de promoción agraria para relanzar las inversiones en el sector. Creemos que las claves de estas propuestas deben focalizarse en el régimen tributario promocional –tal como sucede con todos los países desarrollados que fomentan su agricultura– y en el sistema de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo.

No hay tiempo que perder. Se sabe que desde la derogatoria de la ley de Promoción Agraria se han perdido inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas, una cantidad gigantesca considerando que el milagro agroexportador se desarrolla en 250,000 hectáreas (el 5% de las tierras agrícolas). Por otro lado, no hay futuro, no hay estrategia de formalización para los más de dos millones de minifundistas que conducen el 95% de las tierras agrícolas sin una nueva ley promocional que establezca regímenes tributarios y laborales que fomenten las inversiones, el empleo y la formalización.

¡No hay tiempo que perder!