¡Urgente! ¡El Perú necesita nueva ley promotora de agroexportaciones!

Luego de la derogatoria de la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, en los últimos años no se conocen de nuevas inversiones en agroexportaciones. Algunas proyecciones señalan que se habrían perdido inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas. Si bien las agroexportaciones seguirán creciendo este año por la inercia de las inversiones anteriores, todo indica que desde el 2024 comenzará el estancamiento y el declive.

El crecimiento de las agroexportaciones ha comenzado a lentificarse, no obstante que en dos décadas de vigencia de la Ley de Promoción Agraria, crecieron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en la actualidad. Y no obstante, también, de que se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones. Las tasas de crecimiento de las agroexportaciones representan verdaderos récords mundiales y la legislación tributaria y laboral promocionales generaban una constante reinversión de las utilidades.

Una de las cosas más impresionantes del modelo agroexportador es que se desarrolló en alrededor del 5% de las tierras dedicadas a la agricultura; es decir, en aproximadamente 250,000 hectáreas. El 95% restante de las tierras corresponde a minifundios de menos de cinco hectáreas, una de las herencias más dramáticas de las expropiaciones velasquistas. He aquí el dato más impresionante: el Perú tiene el potencial para incorporar cerca de 400,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto a través de los proyectos hídricos en desarrollo o que los que se planifican. Con esta cantidad de tierras incorporadas a la agroexportación, el país se convertiría en la despensa mundial de frutas y legumbres. Es incuestionable.

Una de las claves de la Ley de Promoción Agraria, derogada absurdamente por el gobierno provisional de Francisco Sagasti, era el sistema tributario promocional, habida cuenta de que las inversiones en agroexportaciones demandan años en madurar antes de alcanzar rentabilidad. 

Asimismo, otro criterio básico de la Ley 27360 era la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo –a semejanza de los países desarrollados– que posibilitó incrementar el empleo formal de 460,000 trabajadores en el 2004, entre directos e indirectos, a más de un millón en la actualidad. Algunas empresas llegaban a contratar más de 10,000 trabajadores por temporada, con todos los derechos sociales reconocidos, mientras la pobreza descendía en las regiones agroexportadoras por debajo de la media nacional.

Todos estos criterios promocionales han sido derogados por la nueva ley agraria, Ley 31110, del progresismo y las izquierdas. La señalada norma fomenta la sindicalización artificial de los trabajadores y la negociación colectiva, borrando de un solo plumazo la flexibilidad laboral. Igualmente establece un bono especial para el trabajador agrario (BETA) que fija un salario 30% por encima de la remuneración mínima nacional. Desde octubre del año pasado se constata que se pierden 100,000 empleos formales mensuales. Una verdadera tragedia.

Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo y el Congreso deben avanzar a aprobar una nueva ley de promoción agraria que fomente inversiones y formalice el empleo. Si el Perú lograra incorporar esas 400,000 hectáreas a las agroexportaciones nacionales, de una u otra manera, se estaría acercando al desarrollo, la diversificación de la economía y el evidente surgimiento de una clase media vinculada al sector agrario.

Si el sector moderno de las agroexportaciones se expandiera en un 300% es evidente que sería posible jalar al desarrollo a los más de dos millones de minifundistas que desarrollan una agricultura de sobrevivencia por falta de derechos de propiedad, por falta de asociatividad para crear economías de escala y conseguir créditos, por falta de infraestructuras hídricas y conectividad en general. 

Con alrededor de 400,000 hectáreas de expansión de la frontera agrícola de las agroexportaciones que se ganarían a los desiertos, el Perú se acercaría con firmeza al desarrollo. El Congreso tiene la palabra.