La decisión de la Comisión de Energía y Minas de ...
El Perú vive una paradoja. Avanza en áreas como minería, agroexportación y servicios, pero mantiene a millones de ciudadanos fuera del mundo digital. En más de 20,000 centros poblados, la conexión es inestable o inexistente. Esa situación limita el aprendizaje, la producción y la comunicación. Un satélite de comunicaciones propio permitiría atender a esos lugares sin depender de redes terrestres que nunca llegarán, por su alto costo o por las condiciones geográficas.
La desconexión no es solo un problema técnico. Se vuelve un obstáculo diario que reduce oportunidades y profundiza la desigualdad. En la Amazonía y los Andes, las familias quedan aisladas de trámites, capacitación y asistencia básica. Un satélite permitiría servicio continuo en amplias zonas rurales, lo que abriría la puerta a actividades educativas, comerciales y administrativas hoy imposibles. La solución no requiere inventar nada. Solo se necesita una infraestructura estatal capaz de cubrir de manera estable el territorio.
La educación es uno de los sectores más golpeados por esta situación. Muchas escuelas rurales operan sin acceso a contenidos actualizados, sin plataformas para reforzar temas y sin canales para que los alumnos amplíen sus conocimientos. Con un satélite propio, las clases virtuales llegarían a cualquier aula, las bibliotecas digitales serían parte del día a día y los estudiantes podrían participar en proyectos nacionales sin importar su ubicación. Esto daría a todos un punto de partida más justo.
Los maestros también se beneficiarían de una red estable. Hoy preparan clases con recursos limitados y pierden tiempo buscando información en lugares sin cobertura. Con conectividad garantizada, podrían recibir capacitaciones frecuentes, acceder a material reciente y coordinar directamente con especialistas. La calidad de la enseñanza mejoraría y se cerraría la brecha entre lo que ofrece una escuela urbana y lo que puede brindar una institución remota. No es solo un apoyo logístico. Es una inversión en capital humano.
Los jóvenes de zonas rurales enfrentan otro obstáculo cuando buscan educación superior. Muchos quieren estudiar carreras técnicas o universitarias, pero no cuentan con acceso a cursos virtuales ni con herramientas básicas para completar tareas o trámites. Un satélite estatal permitiría que las universidades y los institutos brinden programas remotos sin depender de proveedores privados y sin tarifas inaccesibles. Esto daría a los estudiantes la posibilidad de continuar sus estudios sin migrar a ciudades costosas.
La economía local también se vería fortalecida. Sin internet, los pequeños productores no pueden ingresar a plataformas de comercio electrónico, comparar precios, registrar pedidos ni coordinar envíos. Con conectividad satelital, las cadenas agrícolas, artesanales y turísticas tendrían acceso a mercados más amplios. Las familias podrían negociar directamente sin intermediarios que se queden con la mayor parte de las ganancias. La digitalización de estas actividades permitiría ingresos más altos y mayor estabilidad.
El Estado ganaría eficiencia con una infraestructura unificada. Hoy contrata servicios satelitales dispersos y costosos. Menos de la tercera parte de las entidades públicas usa estos servicios pese a estar ubicadas en regiones de difícil acceso. Un satélite nacional permitiría digitalizar trámites, atender consultas a distancia, procesar información de manera más rápida y transparente y reducir gastos. La ciudadanía tendría un Estado más cercano, con menos desplazamientos y menos barreras para acceder a servicios básicos.
En situaciones de emergencia, la falta de comunicación se convierte en un riesgo. Cada año, huaicos, inundaciones y sismos dejan incomunicadas a comunidades enteras. La dependencia de redes frágiles impide coordinar evacuaciones o enviar ayuda con rapidez. Un satélite propio permitiría mantener enlaces operativos incluso cuando colapsan las infraestructuras terrestres. Las autoridades podrían obtener información actualizada, orientar a la población y actuar sin retrasos. La diferencia se mediría en vidas salvadas.
La inversión necesaria para adquirir y operar un satélite ya no es un límite. El gasto anual en servicios alquilados supera varias decenas de millones de dólares y no ofrece soluciones permanentes. En pocos años, el costo de un satélite de alto rendimiento puede quedar cubierto por los mismos recursos que hoy se destinan a contratos fragmentados. La región ya ofrece ejemplos exitosos. Brasil, Argentina y México demostraron que esta decisión fortalece la autonomía tecnológica y reduce la brecha digital.
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