Board of peace y el nuevo orden mundial

El Foro de Davos (World Economic Forum) del 2026 ha marcado un punto de inflexión en el orden mundial. En la reunión, Mark Carney, primer ministro de Canadá, ha liderado las posturas social liberales con fuertes declaraciones advirtiendo que ese orden basado en reglas «atraviesa una ruptura profunda, provocada por hegemonías que ya no respetan tratados ni acuerdos multilaterales cuando éstos limitan sus intereses estratégicos». Y que el mundo «ha dejado atrás las normas internacionales que garantizaban previsibilidad y cooperación» que defienden la soberanía, la integridad territorial y el respeto al derecho internacional.

En la trinchera de enfrente y directamente aludido, Donald Trump ha lanzado un mensaje lapidador que se puede resumir en esta expresión suya: «La ONU no ha cumplido con su potencial». Acto seguido y utilizando precisamente un instrumento de la ONU, la Resolución 2803 de noviembre pasado, ha postulado que el organismo rector del sistema internacional ha alcanzado el umbral de su caducidad. Previo, había retirado a EE.UU. de 66 agencias con ámbitos de acción internacional. También ha anunciado el recorte del financiamiento estadounidense al organismo, que es un tercio de sus recursos presupuestales. Trump, evidentemente, impulsa una conducta que, en la práctica, remece a la ONU revelando sus debilidades e incapacidades que, para él, son ahora una inútil camisa de fuerza.

La iniciativa de Trump, de creación de la Junta de Paz (también conocida como Consejo de Paz, Board of Peace BoP en inglés), apunta a un curso estratégico de acción que puede tener por objetivo desecar a la ONU sustituyéndola por una nueva entidad de naturaleza todavía imprecisa, o transformarla radicalmente con un diseño de gobernanza para el nuevo orden internacional en la lógica del trilateralismo imperialista que EE.UU. compone con Rusia y China y donde Europa tendría una participación asociada y menor.

Fiel a su estilo disruptivo de «agitar las aguas», Trump presenta un organismo internacional alterno y que ha excedido el mandato de la Resolución 2803; además pretende que sea de acción y no solamente declarativo como es la muy decaída ONU; ha invitado a participar de ése a 52 estados de todas las regiones del mundo. 26 han aceptado la invitación, que le fue retirada por Trump a Canadá, otros 26 hasta el 22 de enero todavía no se han pronunciado y nueve estados europeos han declinado la invitación a participar, aunque por razones diversas y en un caso (Italia) no hostiles.

Es previsible que en el corto plazo se aclare el panorama definiendo los alineamientos estatales entre la posición liderada por el primer ministro canadiense Carney, empeñado en rescatar a la ONU, y la encabezada por Trump, que inicia por agobiarla. Pero en el tiempo venidero el mundo cambiará profundamente porque durante muchos años, el «orden basado en reglas» y materializado en entidades como la ONU ha sido un concepto aplicado de forma selectiva: implacable con los poderes débiles (con los estados de menor gravitación en el tablero del poder global y sobre todo con las poblaciones oprimidas por sus propios estados), flexible con los poderes aliados de ocasión, e invisible ante los privilegios propios de las cinco potencias con derecho de veto en el Consejo de Seguridad.

Cualquiera que sea el resultado del empellón hacia el abismo que Trump ha propinado a la burocratizada ONU, sea que ocurra que la Junta de Paz sólo alborota el anquilosado sistema internacional, sea que edifica una organización que puede enrumbar con realismo y efectividad la gobernanza internacional y que aporta a refundar la ONU, o a sustituirla, lo que se entienda como orden mundial va a cambiar en forma dramática.

Es necesario y urgente que así sea. Es evidente que la ONU puede presentar escasos logros en sus cometidos. A lo largo de su existencia no ha servido para mantener la paz, asistiendo inane a decenas de guerras y pautando además la que se llamó guerra fría entre las grandes potencias occidentales frente a los estados comunistas y, en este campo, no pudo evitar la dominación comunista impuesta sobre sociedades en vastas extensiones del planeta ni el fracaso de la descolonización en varias regiones de Asia y África, por ejemplo. La acción de la ONU concerniente al control de armas y al desarme ha sido menos efectiva que los entendimientos entre las partes en relación conflictiva, como EE.UU. y la URSS; potencias que, por su propia cuenta, más bien han extendido –también China– el armamentismo descontrolado en el mundo para servir sus propios intereses. Tampoco ha tenido fuertes logros en el mantenimiento de la paz con la creación de fuerzas internacionales. En tiempos recientes revela su incapacidad para brindar una efectiva asistencia humanitaria para poblaciones afectadas por guerras y desastres. Presenta resultados muy limitados en influir sobre el desarrollo social de buena parte de las poblaciones de sus estados integrantes. Y para coronar esos pobres resultados ha desvirtuado su plataforma inicial sobre los derechos humanos fomentando o acogiendo una proliferante particularización de los mismos, más todavía desde cuando incorporó en su seno el activismo de ese llamado «tercer sector» que se autocalificó como sociedad civil, configurado como la red global de las oenegés.

Además, la ONU se desarrolló maniatada por compromisos gestores de su existencia especialmente en su Consejo de Seguridad, donde las cinco grandes potencias integrantes poseen capacidad de veto (Rusia –antes URSS–, China, EE.UU., Francia y Reino Unido). El Consejo de Seguridad de la ONU es sobre el papel el órgano encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, y sus decisiones son vinculantes (es decir, de obligado cumplimiento) para los 193 países que forman en la actualidad la organización. Desde 1946, Rusia (hasta 1991, la URSS) ha empleado su poder de veto en 128 ocasiones, siendo el miembro permanente del Consejo de Seguridad que más veces ha hecho uso de este privilegio. Le sigue Estados Unidos con 87 vetos; los otros tres miembros permanentes del organismo han mantenido históricamente un perfil más bajo y moderado: China, Reino Unido y Francia suman 64 vetos en conjunto desde 1946. El veto ha terminado provocando que el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de cumplir efectivamente su función de impedir guerras ni de proteger a poblaciones ante crímenes de guerra y contra la humanidad, manteniéndose inactivo siempre que ha convenido a los intereses de Rusia, China, EE.UU., Francia o Reino Unido. Es decir, en todos los casos relevantes.

Pero donde la ONU muestra mayores señales de fracaso es en cuanto a asentar una primacía del derecho internacional que ha malentendido como defensa de la soberanía estatal, pues ha conducido a propugnar un injustificable respeto a tiranías en estados nacionales, como –es sólo el caso más reciente– la del chavismo-madurismo en Venezuela. El derecho internacional como escudo defensor de regímenes de opresión ante los cuales la ONU se pronuncia con tímidas alegaciones de rechazo desoídas por los imputados e inefectivas, como es ahora también respecto de Irán.

Hay –es innegable– una pérdida muy grave de la relevancia de la ONU como entidad de gobernanza mundial, desatada por su crisis de ineficacia reveladora de inutilidad y auto-maniatada como está por su propia doctrina de derecho internacional. Con honestidad puede afirmarse que la ONU ha devenido como una experiencia fracasada en sus cometidos.

En el organismo hay clara conciencia de la situación, al punto que desde su burocracia surgen propuestas para adaptarla a los nuevos tiempos, cuando enfrenta cuestionamientos muy sustentados sobre si su estructura actual es compatible con la realidad política mundial de 2026. Aparece así la Iniciativa ONU 2.0 (también conocida como ONU 80) para transformar la paquidérmica organización, revisar mandatos y modernizar su estructura haciéndola más ágil, buscando reforzar la gobernanza mundial y enfrentar retos como el cambio climático y la cooperación digital. Pero es muy dudoso que la ONU pueda remontar su crisis actual manteniéndose como un sistema de gobernanza global omnicomprensivo, y es más incierto todavía que pueda mantener vigentes sus grandes agendas como la de Objetivos de Desarrollo del Milenio, presentada el año 2000 y que se ha reproducido en forma progresiva, ahora con la plataforma llamada Agenda 2030.