La reforma del Estado burocrático. ¡La gran reforma!

Las reformas de los años noventa que han construido las bases económicas que sostienen al Perú de hoy, es decir las bases que han posibilitado la viabilidad del país en las últimas tres décadas, apuntaron a destruir el Estado empresario que había construido el velasquismo a fines de los sesenta y que el segundo gobierno de Fernando Belaunde y el primero de Alan García no se atrevieron a desmontar.

El modelo del velasquismo se basó en el concepto de Estado empresario, y bajo esa visión se crearon cerca de 200 empresas estatales que desarrollaban casi todas las actividades de la sociedad: desde administrar cines, vender leche, arroz y frejoles hasta conducir minas y proyectos en hidrocarburos. El Estado empresario, simplemente, quebró la economía nacional y empobreció a más del 60% de la población. Hubo un déficit fiscal de más del 10% del PBI y la emisión monetaria se disparó sin control creando una verdadera fábrica de pobreza.

Las reformas económicas de los noventa desregularon los precios y mercados –que eran la condición sine qua non de las empresas públicas–, establecieron el papel subsidiario del Estado frente al sector privado y desarrollaron una de las privatizaciones más impresionantes de la región. El Perú se deshizo de verdaderas máquinas de pobreza y atraso.

Es incuestionable que la Constitución de 1993 consagró todos estos principios y el régimen económico de la Carta Política se basó en el principio de que es el sector privado la principal fuente de la riqueza tal como sucede en todas las sociedades que han alcanzado el desarrollo.

Sin embargo, la Constitución no podía determinar cómo se organiza el Estado que corresponde a esa economía de mercado. En este escenario la izquierda desarrolló relatos y narrativas sobre la minería, la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades en donde los empresarios, las empresas, eran presentados como enemigos de la sociedad y el sector privado era brutalmente demonizado.

El predominio de estas fábulas poco a poco impulsó a los políticos a empoderar la burocracia como una manera de controlar los supuestos excesos del sector privado. Un ejemplo aterrador: en minería existían entre 12 y 15 trámites a inicios de los noventa y luego del gobierno de Ollanta Humala los procedimientos para materializar un proyecto minero podían llegar a 265. En otras palabras, en todos los sectores del Estado vinculados a las actividades económicas se crearon oficinas, aumentaron los ministerios y se multiplicaron las sobrerregulaciones para detener y controlar los supuestos excesos del sector privado. El resultado: un Estado que consume una tercera parte del PBI de más de US$ 300,000 millones para mantener una frondosa burocracia y una floresta de sobrerregulaciones. Sin embargo, no solo se engorda la burocracia, se bloquean las inversiones y se fomenta la informalidad, sino que tampoco se construyen agua, desagüe, escuelas, carreteras y postas médicas para los más pobres.

El modelo peruano entonces está atascado por un Estado burocrático que se ha convertido en el peor enemigo del régimen económico de la Constitución explica en gran parte que el crecimiento se haya estancado en la llamada trampa de ingresos medios y no pueda despegar desde allí.

Es evidente entonces que, así como en los noventa, para eliminar todas las trabas estatales que se había construido en contra de la capacidad creadora de la sociedad y la inversión privada se eliminó al Estado empresario, igualmente, el nuevo gobierno del 2026 tendrá que eliminar al Estado burocrático.