La minería ilegal como una de las peores amenazas al futuro del Perú

La minería ilegal es una de las peores amenazas que enfrenta el Estado de derecho y el modelo económico vigente en el Perú en las últimas décadas. No solo por la enorme cantidad de recursos que moviliza –que ya supera al narcotráfico– sino también porque pretende desarrollar un discurso social en el que “los pequeños aparecen como los excluidos, los marginados”, por las grandes inversiones.

Sin embargo, vale precisar en términos categóricos que en la minería moderna en el mundo, que en las potencias mundiales mineras del planeta, tales como Canadá, Australia y Chile, solo funciona el mismo sistema de propiedad en minería que se aplica en el Perú. En algunos estados de los Estados Unidos, en donde las comunidades nativas son propietarias de la superficie del suelo y del subsuelo, igualmente el único modelo de concesión minera que se aplica es el que se desarrolla en el Perú, con la única diferencia que los tributos, en vez de destinarse al gobierno central, se dirigen a los miembros de la comunidad.

Planteadas las cosas así el relato acerca de que los grandes excluyen a los pequeños en minería es una expresión más del populismo irresponsable que suele expandirse en el Perú. En cualquier caso, cualquier injusticia en el desarrollo de la minería es exclusiva responsabilidad del Estado que está repletos de recursos fiscales –a través de los tributos que pagan las empresas mineras–; sin embargo, es incapaz de construir carreteras, escuelas, postas médicas y resolver los problemas de agua y desagüe.

La única manera de convocar una alta intensidad de capital, las tecnologías productivas y medioambientales más avanzadas del planeta y, sobre todo, preservar el medio ambiente para las futuras generaciones es a través del sistema de propiedad minera actual: grandes concesiones de más de 10,000 hectáreas en donde el inversionista no solo se compromete a explotar el mineral, sino a desarrollar una incesante labor de exploración para expandir las reservas probadas de mineral o de hidrocarburos de la sociedad.

Cuando se asume el relato acerca de que las grandes inversiones excluyen a las pequeñas unidades de minería a pesar de que solo el 14% del territorio nacional corresponde a concesiones formales (es decir el 86% restante es un enorme espacio para nuevos proyectos), en el acto, se aceptan las tesis que señalan que existen “concesiones ociosas o que están sin trabajar”. Una leyenda de principio a fin. La mayor parte de los conflictos violentos con la minería ilegal se producen en alrededor del 10% de las concesiones formales, sobre todo en la provincia de Pataz en La Libertad y el llamado corredor minero del sur en donde se emplazan las minas que producen el 40% del cobre nacional. En estas áreas los asaltos e invasiones de los mineros ilegales expropian años de inversiones en exploración que han aumentado las reservas probadas del mineral.

El otro rostro de la minería ilegal es la que se desarrolla en parques nacionales y zonas reservadas destruyendo ríos y ecosistemas. Unos años atrás se estimaba que el Perú había perdido 100,000 hectáreas de bosque por la minería ilegal, que se habían arrojado a los ríos 3,000 toneladas de mercurio y metales tóxicos. En Madre de Dios se calcula que se arrojan 27 toneladas por año. La minería ilegal en estas áreas es una amenaza letal para los ecosistemas y las fuentes hídricas.

Considerando que la minería ilegal ha movilizado US$ 12,000 millones en oro ilegal –una suma igual a la de las exportaciones formales–, que el precio de la onza de oro se ubica sobre los US$ 5,000, que el precio de la libra del cobre está en US$ 5 dólares y que el dinero que mueve la minería ilegal supera a las sumas de las otras economías ilegales, ¿qué va a suceder si el Estado de derecho no detiene de una vez por todas el avance de la minería ilegal?

Si eso sucediese la primera notificación de la emergencia de un nuevo Estado fallido en el Perú sería el fin de la minería moderna. ¿Cómo van a existir nuevas concesiones con la teoría absurda de las concesiones ociosas? Enseguida quedaría claro que en el Perú no hay Estado de derecho, que no se respeta el sistema de propiedad, que no rige la ley nacional ni se honran los tratados internacionales. En ese contexto los cárteles criminales del planeta observarían con ojos voraces la posibilidad de instalarse en el Perú y tomar el control de las economías criminales.