La soberanía espacial empieza con un satélite propio

Hace pocos meses, el Gobierno peruano declaró de interés nacional la creación de un puerto espacial en colaboración con la NASA. Es una iniciativa que busca posicionar al Perú como un actor regional en la industria aeroespacial, uno de los sectores más estratégicos de la llamada IV Revolución Industrial. El proyecto ya cuenta con informes favorables de la Fuerza Aérea del Perú, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial y la Dirección General de Aviación Civil. Sin embargo, detrás del entusiasmo aparece una pregunta inevitable: ¿cómo pretende el Perú construir un puerto espacial si todavía depende completamente de sistemas extranjeros para sus propias comunicaciones satelitales?

Las cifras muestran con claridad el problema. En 2020, el Estado peruano gastó aproximadamente US$ 21,7 millones en contratación de servicios satelitales para 45 entidades públicas. Un año después el monto ascendió a US$ 34,95 millones y en 2023 superó los US$ 54 millones. Si se proyecta esta tendencia en un horizonte de quince años, el gasto acumulado bordearía los US$ 325 millones, una suma suficiente para financiar un satélite de comunicaciones de tipo HTS (High Throughput Satellite), incluyendo infraestructura terrestre y operación inicial.

Lo más grave es que estos recursos se ejecutan de manera fragmentada y desarticulada. Cada entidad pública contrata servicios por separado, sin una estrategia nacional que permita generar economías de escala ni capacidad de negociación. En lugar de construir infraestructura estratégica propia, el país continúa transfiriendo millones de dólares al exterior para alquilar capacidad satelital. Es decir, el Perú financia permanentemente sistemas extranjeros mientras posterga la creación de uno propio.

Otros países de la región entendieron hace años la importancia de esta infraestructura. Argentina desarrolló la serie satelital ARSAT; Bolivia puso en órbita el satélite Túpac Katari; y Brasil fortaleció sus capacidades de telecomunicaciones espaciales para reducir dependencia tecnológica. Estas iniciativas no solo fortalecieron la soberanía, sino que también permitieron ampliar cobertura digital en zonas alejadas y consolidar capacidades científicas nacionales.

En el caso peruano, la necesidad resulta todavía más evidente debido a la geografía. El país posee enormes dificultades para desplegar infraestructura terrestre en regiones andinas y amazónicas. A pesar de las inversiones en la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, más de 16,000 localidades rurales continúan sin acceso estable a Internet. En departamentos como Loreto, Ucayali o Madre de Dios, muchas comunidades permanecen prácticamente aisladas digitalmente.

La ausencia de conectividad no es únicamente un problema tecnológico. También profundiza desigualdades económicas y sociales. Sin Internet confiable, miles de estudiantes quedan excluidos de plataformas educativas, centros médicos no pueden implementar sistemas de telemedicina y pequeños emprendimientos regionales pierden acceso a mercados digitales. Un satélite de comunicaciones permitiría reducir estas brechas y convertir la conectividad en una verdadera herramienta de integración nacional.

Además, el Perú enfrenta permanentemente amenazas naturales. Terremotos, inundaciones, huaicos y deslizamientos suelen destruir infraestructura terrestre de telecomunicaciones, dejando incomunicadas regiones enteras durante emergencias. En esos escenarios, un satélite propio puede funcionar como un sistema nacional de respaldo, garantizando canales de comunicación para Fuerzas Armadas, Policía, hospitales y organismos de rescate. No se trata solamente de Internet comercial; se trata de seguridad nacional y capacidad de respuesta frente a desastres.

A ello se suma la posibilidad de generar ingresos adicionales. Un satélite HTS moderno puede ofrecer capacidad excedente a operadores privados, empresas de telecomunicaciones y servicios regionales. Es decir, el proyecto no necesariamente sería un gasto permanente, sino una infraestructura capaz de generar retornos económicos mientras amplía cobertura digital.

Sin embargo, para que ello ocurra, el Estado necesita una política pública coherente. La conectividad nacional no puede seguir fragmentada entre redes regionales, fibra óptica y contratos aislados. La integración entre la Red Dorsal, sistemas regionales y un futuro satélite permitiría optimizar recursos, reducir costos y mejorar significativamente la cobertura nacional. Sin planificación integral, incluso las inversiones más grandes terminan desperdiciándose.

El Perú ya cuenta con experiencia espacial básica, instituciones técnicas y demanda suficiente para justificar un proyecto de esta magnitud. Lo que falta es decisión política. Mientras otros países construyen soberanía tecnológica, el Perú continúa pagando cada año por servicios que podría operar directamente. Porque en el siglo XXI, depender totalmente de infraestructura extranjera para comunicarse no es solo un problema económico. También es una limitación estratégica para el desarrollo nacional.