El cobre que el Perú deja bajo tierra

El Perú posee una de las mayores reservas de cobre del mundo, pero no logra convertir ese potencial en producción sostenida. En el norte del país, Cajamarca concentra un corredor cuprífero de escala global, con proyectos como Michiquillay, Conga, Galeno, La Granja y Cañariaco Norte. En conjunto, podrían cambiar la posición del país en el mercado global. Sin embargo, la mayoría sigue paralizada, reflejando un problema mayor: el Perú no está aprovechando uno de sus principales motores de crecimiento.

La cartera minera en esta región supera los US$ 16,000 millones en inversiones. Aun así, más de una década de conflictos, incertidumbre política y ausencia de una estrategia clara han frenado su ejecución. El punto de quiebre fue la paralización de Conga en 2011, que marcó un precedente de desconfianza entre empresas, Estado y comunidades. Desde entonces, el país ha perdido competitividad frente a otros productores, en un contexto donde la demanda global de cobre crece impulsada por la transición energética.

El costo de esta inacción es tangible. El corredor cuprífero del norte podría producir alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas adicionales al año. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a cerca del 60% de la producción actual del país. De haberse desarrollado, el Perú habría consolidado su liderazgo global, en lugar de ceder posiciones frente a competidores como la República Democrática del Congo. Cada tonelada no producida es menos crecimiento, menos divisas y menos capacidad fiscal para financiar desarrollo.

El impacto no se limita al sector minero. El cobre representa cerca del 30% de las exportaciones peruanas y es un componente clave del PBI. Cuando su producción se estanca, toda la economía lo siente: menor recaudación, menor inversión y menor dinamismo en regiones que dependen de la actividad extractiva. En ese contexto, la paralización de grandes proyectos no es un problema local, sino una limitación estructural para el crecimiento del país.

En este escenario, Michiquillay se posiciona como uno de los proyectos más relevantes para revertir esta tendencia. Adjudicado a Southern Perú, contempla una inversión cercana a los US$ 2,000 millones y una producción estimada de 225,000 toneladas métricas de cobre anuales. Su entrada en operación podría incrementar en casi un 10% la producción nacional, generando un impacto significativo en exportaciones y recaudación fiscal.

Pero el verdadero valor de Michiquillay no está solo en el volumen de cobre que produciría. Su desarrollo puede marcar un punto de inflexión para reactivar inversiones paralizadas y reconstruir la confianza en el sector. Además, permitiría sentar las bases para un clúster minero en el norte, articulando infraestructura, proveedores y capital humano. En un contexto de creciente demanda global por minerales estratégicos, proyectos como este son clave para que el Perú no pierda relevancia.

La experiencia internacional demuestra que el desarrollo minero no se limita a la extracción. En Antofagasta, en Chile, la minería impulsó un ecosistema de servicios, innovación y formación técnica. Esto permitió generar empleo calificado y diversificar la economía. El Perú podría replicar ese modelo si logra articular sus proyectos y establecer una estrategia de largo plazo que vaya más allá de la explotación de recursos.

Un clúster minero también tiene efectos multiplicadores. Por cada empleo directo en minería, se generan entre 3 y 5 empleos indirectos en sectores como transporte, energía, metalmecánica y servicios. Además, promueve la formalización de pequeñas y medianas empresas que pueden integrarse a la cadena de valor. Este proceso no solo incrementa la productividad, sino que fortalece el tejido empresarial local.

Sin embargo, la falta de estabilidad jurídica, la debilidad institucional y la ausencia de una política clara para gestionar conflictos sociales continúan siendo barreras críticas. A ello se suma un riesgo adicional: la expansión de la minería ilegal. Cuando la inversión formal se paraliza, surgen actividades informales que generan degradación ambiental, evasión fiscal y violencia. En ese sentido, reactivar la gran minería no solo es una decisión económica, sino también una estrategia para recuperar control territorial y promover desarrollo sostenible.

El Perú enfrenta una disyuntiva clara. Puede seguir desaprovechando su potencial cuprífero o asumir el desafío de convertirlo en un motor de crecimiento. La demanda global de cobre seguirá en aumento en las próximas décadas. La pregunta es si el país estará en condiciones de responder. Porque el recurso está ahí. Los proyectos también. Lo que falta, una vez más, es decisión política.