La gravedad de la amenaza de la minería ilegal en el Perú

Es evidente que el avance de la minería ilegal en el Perú es una consecuencia del fracaso del Estado de derecho y de las instituciones del sistema de justicia y de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el control de este fenómeno que destruye el medio ambiente, genera circuitos de economía ilegal, evade impuestos y no genera empleo formal. Un fenómeno que se basa en la violación del sistema de propiedad minera y en la destrucción de las reservas y parques nacionales.

Sin embargo, el avance de la minería ilegal también es la consecuencia directa del bloqueo de los ciclos de inversión de la minería moderna en el Perú. Vale recordar que desde el gobierno de Ollanta Humala, el único megaproyecto minero que se materializó es el de Quellaveco en Moquegua. De allí se trata de ampliaciones de proyectos existentes y nuevos proyectos menores. Si algo así sucede en el Perú en pleno superciclo de los precios de los metales cuando la cartera de inversiones representa alrededor de 67 proyectos (entre nuevos y ampliaciones de existentes) que suman US$ 64,000 millones solo se explica por una razón: el ciclo de inversiones mineras ha sido detenido por problemas políticos, burocracia y conflictividad social.

En medio de estas variables el avance de la minería ilegal en oro y cobre es incuestionable y nada indica que se vaya a detener, considerando la inacción del Estado de derecho y los precios de los commodities. El precio de la onza de oro se sitúa cerca de los US$ 5,000 y el precio de la libra de cobre llega a los US$ 6 en los mercados mundiales. De allí que las principales áreas afectadas por el avance de la minería ilegal en oro se ubiquen en la provincia de Pataz en La Libertad; y en cuanto al cobre, en el corredor minero del sur, a lo largo de los departamentos de Arequipa, Apurímac y Cusco.

Sin embargo, no se puede explicar el avance de la minería ilegal sin la acción de las oenegés anticapitalistas que construyeron relatos y narrativas falsas para bloquear los proyectos mineros en el cinturón de cobre del norte del país: Conga, La Granja, El Galeno, Michiquillay, entre otros. Hoy, luego del bloqueo y la demora de estos proyectos, la minería ilegal empieza a extenderse sin control en la concesión de Conga afectando el futuro y el medio ambiente de los cajamarquinos. En la provincia de San Ignacio de la misma región la minería ilegal se ha disparado, incluso con la participación de acopiadores ecuatorianos y colombianos, uno de los hechos que demuestran la gravedad de esta amenaza.

Igualmente, como un texto de la historia del avance de la minería ilegal, vale recordar el proyecto de oro Tambogrande de la empresa canadiense Manhattan Minerals Corporation en Piura. Las oenegés anticapitalistas y publicistas de extrema frivolidad desarrollaron una fábula acerca de que el proyecto minero era una amenaza para el limón y el ceviche del Perú. La mentira impune se consolidó y la empresa canadiense abandonó el proyecto. Es decir, se alejó a una empresa que invertía en las más altas tecnologías de preservación del medio ambiente, que iba a pagar impuestos y crear empleo formal, agregando una velocidad singular al desarrollo y la prosperidad de la zona.

Hoy, por el contrario, existen alrededor de 5,000 mineros ilegales en Tambogrande que destruyen el medio ambiente, no generan empleo formal ni pagan impuestos. La actividad ilegal trae todo tipo de economías ilegales: desde la trata de personas hasta todo tipo de pistoleros y bandas criminales.

El avance de la minería ilegal en el Perú, pues, no es un juego ni una actividad que no afecta a todo el tejido social. Su avance no solo destruirá a la minería moderna y formal sino que también convocará al crimen organizado mundial, el cual será notificado acerca de que en el Perú hay posibilidades de negocios rentables ante la falta de Estado de derecho.

De allí que una de las principales tareas del nuevo gobierno a instalarse en julio del 2026 será el de enfrentar frontalmente a la minería ilegal que, incluso, ha logrado infiltrarse en la política nacional. El Estado tendrá que movilizarse con la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Sunat para desalojar las invasiones de los mineros ilegales a las zonas de concesiones formales con reservas probadas de mineral que se consiguieron luego de años de exploración. Igualmente se tendrá que fiscalizar todas las cadenas de comercialización y desarrollar una audaz política de formalización minera.