¿Un estatista en el sector salud?

Ante las presiones mediáticas de algunos sectores de los medios, el flamante ministro de Salud, Abel Salinas, como se dice, se cuadró ante la izquierda anticapitalista en lo que respecta a los tan discutidos octógonos que se pretende imponer a los alimentos procesados. Salinas ha anunciado que “no es suficiente el reglamento que se ha estado manejando en el Congreso... porque tiene que indicar los niveles de sal, grasa y azúcares permitidos para el ciudadano”. El hombre, en la práctica, le enmendó la plana al Congreso y se declaró un ferviente seguidor de los controles y regulaciones de los productos que elige el consumidor.

¿De qué estamos hablando? Como ya sabemos, el Ejecutivo publicó un reglamento de Etiquetado de Alimentos y un Manual de Advertencias Publicitarias que reproducían el modelo de los octógonos prohibitivos que se aplican en Chile. Los octógonos solo alertan de los niveles altos de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans. Es decir, no informan ni hacen pedagogía, sino que prohíben, como si fuese posible que un adolescente, por ejemplo, renuncie a consumir una botella de yogurt solo por la etiqueta prohibitiva.

Ante semejante propuesta, a contracorriente de las investigaciones sobre sicología del consumidor (las prohibiciones antes que disuadir alientan a consumir), en la Comisión de Defensa del Consumidor se aprobó un sistema de semáforos que —mediante los colores rojo, amarillo y verde— informa de los niveles alto, medio o bajo de azúcar, sodio, grasa saturadas y grasas trans. Es decir, una propuesta que no solo alerta y prohíbe, sino que también educa e informa sobre, por ejemplo, la diferencia entre consumir uno o dos vasos diarios de yogurt. Una diferencia que podría marcar la distancia entre una buena salud o una repentina diabetes.

No obstante los esfuerzos del Congreso, el ministro Salinas hoy decide enfilar contra el sistema de semáforos para atrincherarse en los octógonos prohibitivos que solo existen en Chile —país en el que la izquierda pretende imponerse en la educación, en el sistema previsional, laboral e, incluso, cambiar la Constitución—, donde la obesidad sigue creciendo.

En el Perú los productos industriales apenas representan el 10% de la ingesta total de alimentos, en tanto el 43.5% de los niños padecen anemia. Con estas cifras, ¿cómo entender la preocupación del sector salud en el tema, en una obesidad futura? A entender de este portal, detrás de ese interés desproporcionado está el sueño de la ONG propia que alimenta a la izquierda, como ha demostrado en temas de derechos humanos, ecología, medio ambiente y cuestiones de género. El objetivo es abrir un nuevo espacio de financiamiento oenegero para intentar enfrentar a los consumidores con las empresas y mercados.

Pero lo grave de todo esto es que en los países desarrollados y los estados que pertenecen a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) —que tiene los estándares más altos de salud y la mayor esperanza de vida— a nadie se le ocurre siquiera considerar los octógonos prohibitivos, que la izquierda promueve en Latinoamérica con objeto de enfrentar a consumidores contra la industria alimentaria.

Los países de la OCDE siguen las recomendaciones del Codex Alimentarius, que establecen que el principal derecho del consumidor es la adecuada información sobre un producto. Como se sabe, 188 países se han adherido al mencionado Codex, que se ha convertido en la declaración de principios de cualquier sociedad de consumidores. El Codex recomienda que las etiquetas de los productos industriales faciliten información al consumidor para que elija con discernimiento, y que nunca deben fomentar prohibiciones que susciten o provoquen miedo, tal como sucede con los octógonos prohibitivos.

Tanto en el Perú como en Chile se desata una intensa batalla entre la izquierda capitalista y las propuestas que defienden el mercado y una sociedad de consumidores. De allí también el interés de la burocracia del sector salud. El sueño izquierdista es enfrentar a consumidores con empresas y mercados como si fuese posible imaginar una sociedad de consumidores sin empresas. En todo caso, no es necesario imaginar, basta con contemplar la realidad de Venezuela, para saber qué sucede cuando se enfrenta a los consumidores con los mercados.