Todas las cuencas contaminadas con aguas residuales

Días atrás Javier Piqué —ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento— anunció que una de las metas del Gobierno al 2021 es tratar al 100% las aguas residuales urbanas. El ministro confirmó que, en Lima, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Chira (Chorrillos) procesa el 100% de las aguas servidas de Lima. Lo mismo sucede con la PTAR Taboada en Callao. Sin embargo, en los poblados del interior del país la situación sigue siendo trágica. Aguas cloacales terminan contaminando las cuencas del país ante la inmutabilidad de los pobladores, autoridades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del ambientalismo ideológico, que no hacen causa común ante la tremenda contaminación: la mayor y más grande del país.

La contaminación, por ejemplo, de la cuenca del Titicaca es un gran daño al ecosistema y un delito ambiental que por años han venido cometiendo los poblados circundantes al lago. Mientras el Ministerio de Vivienda y ProInversión hace sus esfuerzos para atraer inversiones privadas al proyecto PTAR Titicaca, el interés de las ONG ni asoma. Su ojo cínico solo presta atención a sus relatos sobre supuestas contaminaciones provocadas por la minera moderna y responsable instalada en el Perú. El extremismo ambiental, organizado alrededor de estas ONG, no se ocupa de las toneladas de desechos orgánicos putrefactos e inorgánicos contaminados que se arrojan indiscriminadamente a los ríos, lagos y mar en Perú. Toneladas de elementos físicos, químicos y biológicos en concentraciones de alta gravedad que terminan contaminando todo.

Según la asociación Juntos por el Medio Ambiente, solo en Lima se produce diariamente 8,000 toneladas de basura. De esa enorme cantidad solo se recicla el 1%. A las deficiencias en el recojo de basura y su tratamiento se suma también el tratamiento de las aguas residuales.

Según el Banco Mundial, se necesita US$ 100 millones del 2008 de inversión para una planta convencional de tratamiento de aguas residuales para un poblado de un millón de habitantes. Un estudio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) revela que solo el 70% de las aguas servidas (más 786 millones de metros cúbicos de aguas residuales de procedencia doméstica) no tiene ningún tipo de tratamiento; y que de las 143 plantas existentes al 2008, solo el 14% cumplía con las normas técnicas correspondientes.

Al 2015 existían en Perú 204 PTAR: 163 estaban operativas, 32 en construcción y 9 paralizadas por razones técnicas: fallas de construcción, equipamiento insuficiente, falta de desarenadores, entre otras falencias. Además el Estudio de la SUNASS del 2015 revela que gran parte de las PTAR tienen dificultades económicas para asumir los costos de operación y mantenimiento. Es decir, ¿qué hacemos con una planta de tratamiento si no cumple su función correctamente?

Ante el fracaso del Estado, por la incompetencia técnica y la mala gestión de las obras encargadas a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), la inversión privada puede asumir el reto de proveer plantas de tratamiento de aguas residuales. Los mecanismos Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público Privadas (APP) se constituyen como las mejores herramientas para proteger la salud de los ciudadanos.

Por ejemplo, en Arequipa la compañía minera Cerro Verde construyó la planta de tratamiento La Enlozada para procesar el 83% de las aguas servidas de la ciudad y para descontaminar las aguas del río Chili. De las aguas que procesa, el 99% beneficia directamente a la población y al agro. El resto del agua, el 1%, es utilizado por la minera. Un ejemplo que el jefe del Estado, Martín Vizcarra, y el primer ministro, César Villanueva, deberían observar por la experiencia obtenida como autoridades provincianas.

Mientras la inversión privada se ocupa en cómo detener la pobreza, la desocupación y mejorar los estándares de calidad de la población, el extremismo ideológico lo único que hace es soliviantar a los poblados con relatos falsos. Por intermedio de las ONG insisten en que la contaminación en el Perú está solamente circunscrita a las actividades extractivas (mineras, hidrocarburos, pesca y hasta forestales) sin sustentar fehacientemente sus denuncias.

El reto nacional, para el 2030, es alcanzar al 100% el tratamiento de todas las aguas residuales del país, pero el extremismo ambiental ni se entera. No dice ni pío sobre el hedor contaminante proveniente de la basura y de las aguas residuales.