Tía María va y el sueño minero sigue vigente

Al cierre de esta edición había trascendido que el Ejecutivo otorgó la licencia de construcción a Southern Perú para continuar con el proyecto minero Tía María, en Arequipa. Si no se otorgaba la autorización, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) volvía a fojas ceros y años de esfuerzo de la empresa, de los representantes de las poblaciones y de los funcionarios del Estado para consensuar un EIA quedaban en nada. Sin embargo, la empresa Southern precisó que la construcción de la mina no se iba a iniciar hasta no coordinar con las poblaciones y el Ejecutivo la llamada “licencia social”.

En cualquier sociedad con un Estado medianamente eficientemente el proyecto Tía María ya se habría iniciado. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de otorgar la licencia y el compromiso de la empresa de perfeccionar la licencia social son resultados positivos en medio del deterioro económico e institucional del Perú. Una buena señal, por decir lo menos. Quizá si el Congreso decide sumarse a las tendencias constructivas y ampliar la vigencia de la Ley N° 23760 —también llamada Ley de Promoción Agraria—, el Estado estaría reaccionando y enviando buenas señales a la economía, en el preciso momento en que se produce un evidente frenazo y se avista los fantasmas de la recesión y el aumento de pobreza.

Al César lo que es del César. El Ejecutivo se merece una felicitación por haber otorgado la licencia de construcción a Tía María, sobre todo considerando la oposición del gobernador regional —Elmer Cáceres—, las demás autoridades locales y ciertas dirigencias radicalizadas. Sin embargo, queda el sinsabor del fracaso general de un Estado incapaz de redistribuir la riqueza minera mediante carreteras, escuelas, postas médicas y servicios de infraestructura en general. La incapacidad del Estado es aprovechada por los sectores antimineros (para inventar leyendas negras ambientales) o por los simples extorsionadores (que buscan extraer recursos de las compañías).

Pero más allá de cualquier atingencia, Tía María sigue adelante. Siempre vale recordar que el mencionado proyecto suma una inversión de US$ 1,400 millones, que en los dos años de construcción de la mina se crearán 9,000 empleos (3,600 directos y 5,400 indirectos). Además, en los 20 años de operaciones se generarán 4,200 puestos de trabajo. De otro lado, se debe destacar que las posibilidades de mayor crecimiento y de reducción de pobreza en el país están muy vinculadas a nuestra cartera de inversiones mineras. Los especialistas señalan que si el Perú estuviese ejecutando los proyectos mineros pendientes (del orden de US$ 60,000 millones), la pobreza no estaría sobre el 20% de la población, sino debajo del 15%.

Otorgar la licencia de construcción a Tía María reviste una importancia capital. De alguna manera significa que el ciclo de inversiones de cobre en el Perú se reinicia, después de que el bloqueo de Conga en Cajamarca detuviera ese proceso. Hablar de Cajamarca es subrayar la importancia de la minería: con Conga, Galeno y La Granja, en pausa por la oposición de los sectores antimineros, Cajamarca se ha convertido en una de las regiones más pobres del país y el Perú ha perdido un millón de toneladas anuales de cobre del eje minero del norte. ¿Cómo entender tanta voluntad autodestructiva de los sectores antimineros?

En cualquier caso, los peruanos estamos notificados. Increíblemente existe un sector de peruanos que se opone al desarrollo y a la reducción de pobreza. Los llamados “antimineros” prefieren que otras minas del planeta vendan cobre, y no las peruanas. Prefieren reducir la pobreza de otros países, en vez de la de nuestro sufrido país.