Tala ilegal sin derecho de propiedad

El despacho del alto comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal, del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), ha presentado un reciente trabajo sobre trazabilidad que servirá para ayudar a detener la tala y el tráfico ilegal de la riqueza forestal peruana, que se ve amenazada con la pérdida de 120,000 hectáreas anuales. De acuerdo al informe del Minagri, en el 2015, luego de haberse realizado 179 planes operativos, se concluyó que de más de 200,000 árboles que fueron autorizados para ser talados, 95,000 fueron talados en zonas en las que no está permitido. Se calcula que las ganancias de esa actividad ilícita fueron de más de S/ 170 millones. Allí radica la importancia de la trazabilidad, que permite obtener información forestal y datos históricos de la madera: su origen, trayectoria y ubicación, mientras se transforma y transporta. La procedencia de los pedazos de madera que se encuentran en un centro de transformación puede ser identificada con el árbol del que se obtuvo esa madera, que ha sido censado y marcado previamente. Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, toda persona que posea, transporte y comercialice un producto calificado como especie de flora y fauna está en la obligación de acreditar el origen y el destino del mismo.

Sin embargo el problema va mucho más allá de los traficantes y de la cantidad de árboles talados de manera ilegal. El problema alcanza dimensiones enormes en las comunidades nativas debido a la pobreza, porque los pobladores de esas comunidades se ven obligados a vender sus recursos naturales a los taladores ilegales para poder sobrevivir. Nos referimos a pueblos totalmente desconectados de la dinámica nacional, sin servicios básicos de agua, desagüe, corriente eléctrica, atención médica mínima ni educación escolar dentro de los parámetros básicos. ¿Cómo no entender, entonces, que esos pobladores permitan que los ilegales ingresen a sus territorios para aprovecharse de la riqueza de la fauna y flora por unos cuantos reales?

El problema de la tala ilegal se agudiza por el fracaso del Estado, por la corrupción y por no saber cómo enfrentar el problema de manera orgánica. Casi el 90% de las concesiones forestales que se entregaron durante el Gobierno de Alejandro Toledo han fracasado por la sencilla razón de que se entregaron sin evaluar la capacidad financiera y la experiencia de los taladores. Y no nos cabe la menor duda de que más de un funcionario público y autoridad habrá sido coimeado para obtener la concesión de alguna área forestal.

La ausencia del derecho de propiedad es el origen del problema, así como la falta de políticas públicas promotoras de la inversión privada en esas áreas donde se pueden realizar actividades que potencien la flora y fauna del país. Si el Estado no logra titular a las comunidades indígenas —para que ellos resuelvan la explotación racional directamente con los inversionistas— siempre existirá un burócrata corrupto que se hará de la vista gorda con toda la madera que es talada, transformada y transportada de manera ilegal. Hay que hacer que los mismos pobladores de las comunidades indígenas sean quienes pongan el freno a toda esta ilegalidad ¿Cómo? La única manera es que los pobladores de las comunidades indígenas sean propietarios, solo así podrán proteger lo que es suyo, sin permitir que la flora y fauna de su propiedad sea depredada (porque no les convendría). Esa es la tarea que el Ejecutivo no puede cumplir. La mejor campaña de interdicción en contra de la tala ilegal no es la destrucción de los equipos y maquinarias de los traficantes, sino empoderando a los mismos pobladores, dándoles títulos de propiedad oleados y sacramentados, inscritos en los Registros Públicos para que nadie dude de su legitimidad.