Soberanía digital: el satélite que el Perú necesita

El debate sobre si el Perú debe contar con un satélite de telecomunicaciones propio ya no es técnico, sino político y social. En un mundo donde la conectividad define poder, competitividad y seguridad, depender casi por completo de servicios extranjeros resulta costoso y riesgoso. Hoy el país alquila capacidad satelital de manera fragmentada, sin control soberano y con enormes desigualdades territoriales. Tener un satélite propio no es un lujo futurista, sino una infraestructura básica para garantizar comunicaciones estables, seguras y accesibles en todo el territorio nacional.

Actualmente, el Estado peruano gasta cifras crecientes en servicios satelitales alquilados. En 2020 ese gasto alcanzó los US$ 21.7 millones, distribuidos de forma atomizada entre solo 45 instituciones de más de 2,000 existentes. En mayo de 2021 los contratos sumaron US$ 34.95 millones y, posteriormente, se planteó contratar hasta US$ 54.17 millones en un solo año. A este ritmo, en 15 años se superarán los US$ 300 millones, dinero suficiente para financiar un satélite propio de alto rendimiento.

La paradoja es evidente si se compara ese gasto con el costo real de la tecnología. Un satélite de telecomunicaciones full digital cuesta hoy entre US$ 100 millones y US$ 300 millones, e incluso algunas estimaciones lo sitúan entre US$ 180 millones y US$ 325 millones, dependiendo de su capacidad. En otras palabras, con tres o cuatro años de gasto actual en alquileres, el Perú podría pagar su propio satélite y asegurar una infraestructura que funcionaría durante al menos 15 años.

El impacto territorial de esta carencia es profundo. De los aproximadamente 95,000 centros poblados del país, unos 20,000 no tienen ningún tipo de conectividad digital. Esto significa que el 21% de los centros poblados está excluido de la educación virtual, la telemedicina, el comercio electrónico y los servicios del Estado. Más de 20,000 comunidades permanecen atrapadas en una pobreza estructural que no se resolverá con fibra óptica, porque la geografía y los costos lo hacen inviable.

La desigualdad se expresa también en los precios. El Programa Nacional de Telecomunicaciones contrató servicios satelitales para 1,300 poblados de Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali pagando hasta US$ 1,600 por megabit por segundo. En Lima, en contraste, un megabit puede costar alrededor de S/ 100. Mientras tanto, Brasil, que adquirió un satélite full digital a Francia por US$ 455 millones en la primera década del milenio, paga hoy US$ 36 por megabit. Argentina, con satélites propios, paga cerca de US$ 20.

Un satélite nacional permitiría corregir estas distorsiones y democratizar el acceso a la conectividad. Al centralizar la capacidad y eliminar intermediarios, el Estado podría ofrecer precios justos y servicios estables en todo el país. Esto tendría efectos inmediatos en educación, permitiendo que miles de escuelas rurales accedan a plataformas digitales, clases en línea y contenidos científicos. En salud, facilitaría diagnósticos a distancia y reduciría traslados costosos. En la economía local, abriría puertas al turismo digital y al comercio electrónico.

La seguridad y la defensa nacional son otro eje clave. En zonas sensibles como el VRAEM o las fronteras amazónicas, las comunicaciones son tan importantes como el equipamiento militar. Un satélite propio permitiría integrar en un solo sistema al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, mejorando la coordinación de operaciones y el intercambio de inteligencia. En situaciones de emergencia como terremotos, huaicos o incendios, garantizaría enlaces estables cuando las redes terrestres colapsan.

La modernización del Estado también depende de esta decisión. Hoy menos del 3% de las entidades públicas utiliza servicios satelitales, pese a operar muchas de ellas en zonas sin cobertura terrestre. Con una red nacional, se podría avanzar hacia un modelo de cero papeles y ventanillas únicas digitales. La digitalización completa de compras y proveedores permitiría mayor transparencia y una lucha más efectiva contra la corrupción, especialmente en gobiernos locales que hoy contratan servicios solo por 6, 8 o 10 meses.

Otros países de la región ya dieron este paso. Bolivia, Brasil y Argentina desarrollaron o adquirieron satélites propios, redujeron costos y ganaron independencia tecnológica. El Perú no parte de cero: ya cuenta con un satélite de observación, capacidades técnicas y recursos económicos. Lo que falta es una decisión de Estado. Seguir alquilando es perpetuar la desigualdad y la vulnerabilidad. Apostar por un satélite propio es apostar por integración, soberanía y un futuro donde el país se comunique con voz propia, desde su propia órbita.