¿Seguimos en la precaria estabilidad o hacemos reformas?

El Congreso ha rechazado dos mociones de vacancia en contra de la presidente Dina Boluarte y, de una u otra manera, todo indica que entre el Legislativo y el Ejecutivo se instalará una precaria estabilidad hasta el 2026. Por otro lado, por el lado de los sectores que proponen el adelanto de elecciones no existe la fuerza política ni la movilización social que obligue a un cambio de cronograma electoral. Luego del golpe fallido de Pedro Castillo y las olas se violencia que causaron 60 muertes, las mayorías del país parecen rechazar las salidas excepcionales y prefieren la precaria estabilidad.

Más allá de cualquier evaluación entonces -en este portal creemos que lo mejor para el Perú es preservar la estabilidad frágil- es evidente que el gobierno de Boluarte llegará hasta el 2026, al menos todo lo indica así hasta ahora. En este contexto, emergen las preguntas sobre lo qué debería hacer el país, las instituciones y los políticos para que la precaria estabilidad del Estado derecho construya un momento positivo en el 2026 y evite que las propuestas antisistema tenga predicamento en las mayorías nacionales.

La respuesta inmediata es relanzar el crecimiento y el proceso de reducción de la pobreza. Como todos sabemos luego del gobierno de Castillo la pobreza ha aumentado en casi cerca de 10% de la población y hoy bordea una tercera parte de la ciudadanía. Por otro lado, con las tendencias recesivas y el bajo crecimiento, es imposible avanzar en reducir este flagelo. Todos los economistas señalan que para reducir la pobreza en el Perú la economía debe expandirse por lo menos en 4%. De lo contrario la pobreza se estanca o aumenta.

El nuevo Gabinete Adrianzén y la presencia de los nuevos titulares en el Ministerio de Economía y Energía y Minas parece haber incorporado en el Ejecutivo la preocupación por el crecimiento económico y la continuidad del modelo. Allí están los anuncios de que se garantizarán US$ 4,600 millones de inversión en siete proyectos mineros y que se materializarán 8,036 millones en inversiones en infraestructuras. Igualmente, la preocupación del Ejecutivo sobre el descontrol del déficit fiscal.

Sin embargo, ninguno de esos anuncios estará garantizado si es que el Ejecutivo y las bancadas legislativas con sentido común no proponen algunas reformas cruciales que envíen una poderosa señal a los mercados y a la inversión privada acerca de que el Estado vuelve a fomentar las inversiones y el crecimiento.

Por ejemplo, el Perú necesita una nueva ley que fomente las agroexportaciones luego de que el gobierno provisional y progresista de Francisco Sagasti derogará la ley de Promoción Agraria (ley 27360). Desde esa fecha se han perdido aproximadamente inversiones en alrededor de 30 mil hectáreas no obstante que el Perú, con el destrabe la III Etapa de Chavimochic y Majes Siguas II podría ganar 100 mil nuevas hectáreas al desierto. Asimismo, se constata que desde el último trimestre del año pasado cada mes se pierden 100,000 nuevos empleos. 

¿Por qué el Ejecutivo y el Congreso no aprueban una nueva ley de fomento de las agroexportaciones? De otro lado, el Perú necesita que ambos poderes del Estado se movilicen en contra de la burocratización generalizada del Estado que causa informalidad y es la fuente principal de la pobreza. Aprobar una reforma que obligue a las entidades a simplificar las sobrerregulaciones en no más de cinco procedimientos a través de las ventanillas únicas podría representar un primer paso esencial en la desburocratización del Estado.

¿Qué pretendemos señalar? Que sin reformas seguimos en el piloto automático de la economía, seguimos en una estrategia de sobrevivencia, sin posibilidades de crecer a tasas altas ni reducir pobreza. Y ese escenario es el motor y el combustible del antisistema en el 2026.