Algunos días después de la APEC, poco a poco, el Per&uac...
En Cajamarca la minería ilegal que explota el oro comienza a destruir los ríos, los bosques, la agricultura y la salud humana por la utilización del mercurio de parte de decenas de mineros ilegales. En este contexto, el conocido colectivo “Conga no va”, el ex sacerdote marxista, Marco Arana y la expresidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez permanecen en silencio, no obstante haber sido los principales protagonistas del movimiento antiminero que detuvo las inversiones en minería moderna, que preserva el medio ambiente, paga impuestos y crea empleo formal.
Luego del bloqueo de la minería moderna en Cajamarca, sobre todo del proyecto Conga, en el Ministerio Público se ha alertado sobre el avance de la minería ilegal en las las provincias de Contumazá, Cajabamba y Hualgayoc. Igualmente, en el distrito de Sorochuco, de la provincia de Celendín, se han denunciado actividades de minería ilegal en los villorrios de Tandayoc, Ocsha, Chorrera y Sartenes.
Lo que empieza a suceder en Cajamarca no es un efecto novedoso de la acción en contra de la minería moderna. En el distrito de Tambo Grande, en Piura, el progresismo, las oenegés antimineras y los sectores anticapitalistas lanzaron una feroz ofensiva contra el proyecto de oro de la empresa canadiense Manhattan, arguyendo que la operación amenazaba la agricultura y, sobre todo, el tradicional limón, el reconocido mango y el ceviche. Todo fue una suma de cínicas mentiras. Hoy decenas de mineros ilegales contaminan la tierra utilizando mercurio y ninguna oenegé levanta la voz.
La estrategia antiminera y la acción de las oenegés anticapitalistas, entonces, también tiene directa responsabilidad en el avance de la minería ilegal. Se calcula que las exportaciones de oro ilegal suman alrededor de US$ 4,000 millones. En Pataz, en La Libertad, el avance de la minería ilegal amenaza a todo el Estado de derecho nacional porque la alianza entre la minería ilegal y el crimen organizado ya ha dejado 9 trabajadores muertos, 23 heridos y más de 15 torres de alta tensión derribadas. Igualmente, en el 2023 se registraron 9,309 volquetes –que transportaban casi 30 toneladas de mineral ilegal cada uno–; sin embargo, hasta julio de 2024 se sumaban 6,117 camiones con carga de minería ilegal de las concesiones de las empresas modernas Poderosa, Marsa y Horizonte. El precio de la onza de oro en alrededor de US$ 2,500; sin Estado de derecho la minería se convierte en una maldición que atrae a bandas internacionales del crimen organizado y todo tipo de pistoleros.
Pero no solo se trata del oro. En el corredor minero del sur, en donde se produce cerca del 40% del cobre nacional, también se han multiplicado las invasiones de mineros ilegales en las concesiones de la minería moderna por los altos precios de la libra del cobre (sobre los US$ 4). Actualmente la minería ilegal moviliza entre 100 y 150 volquetes diarios, mientras que Las Bambas, una de las empresas formales más grandes, moviliza entre 75 y 125 volquetes con las tolvas encapsuladas para prevenir cualquier contaminación.
La minería ilegal y la alianza con el crimen organizado internacional, pues, son enemigos letales de la vigencia de la Constitución, del Estado de derecho y de la viabilidad del Perú. En Pataz ni el Estado de emergencia, ni la acción de la policía, ni la de las fuerzas armadas, ni la acción del sistema de justicia, ni las decisiones del gobierno regional de La Libertad ni las del gobierno central, han detenido el terrible avance de este flagelo.
Planteada las cosas así, es evidente que El Perú enfrenta una disyuntiva insalvable: o desarrolla minería moderna que preserva el medio ambiente, que paga impuestos, genera empleo formal y reduce la pobreza o permite que avance la minería que convertiría al país en un Lejano Oeste controlado por pistoleros de aquí para allá.
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