Salvar la construcción para salvar la economía

Ante el final de la vigencia el Decreto de Urgencia N° 003 —que pretendía garantizar la reparación civil al Estado y la continuidad de las inversiones de las empresas constructoras comprometidas en casos de corrupción—, el Ejecutivo envío al Congreso un proyecto de ley que busca superar el fracaso de la mencionada norma de urgencia mediante la creación de un fideicomiso por parte de las compañías comprometidas. La respuesta del Congreso llamó poderosamente la atención: se planteó que el Ejecutivo promulgue la norma como decreto de urgencia para ser revisado cuando comience la legislatura. Al cierre de esta edición, el Ejecutivo amplió por un mes la vigencia del D.U. 003 mientras las cosas se tramitan en el Legislativo.

En el Congreso y en la mayoría legislativa, al parecer, no se han entendido las directas relaciones que existen entre el crecimiento del sector construcción y la expansión de la economía. Al respecto diversos economistas e informaciones señalan que los bancos se muestran reticentes a otorgar cartas fianzas a las constructoras comprometidas en investigaciones de corrupción. Esto, en la práctica, significa el colapso de la construcción en el país. Con la paralización de las diez empresas más grandes del sector se perderían más de 50,000 empleos formales, se romperían las cadenas de pago y se llevaría a la quiebra a decenas de proveedoras de las mencionadas compañías.

Pero no solo se trata de la construcción. El sistema bancario y financiero tienen una alto número de créditos destinados a estas empresas constructoras. Se calcula que si estos créditos devienen en impagables, más del 35% del patrimonio de los bancos estaría en cuestión, quebrarían algunas entidades bancarias y el llamado efecto dominó estaría a la vuelta de la esquina. Algo más. Se ha destinado más de S/ 30,000 millones (que representa el 4% del PBI) en inversión mediante la modalidad de asociaciones público privadas y obras por impuestos. Si se paralizan estos emprendimientos la inversión pública se desplomaría y todos los nubarrones se dibujarían en el horizonte económico.

Cuando hablamos del sector construcción, entonces, no estamos hablando solo de un puñado de empresas comprometidas en casos de corrupción ni del llamado “club de la construcción”, que deben ser investigados a fondo. Estamos hablando de la economía y las posibilidades de un crecimiento que le posibilite al Perú seguir reduciendo pobreza. De allí que el argumento de la mayoría legislativa acerca de que el Ejecutivo promulgue el señalado decreto de urgencia no es responsable. ¿Por qué? La idea del fideicomiso busca generar confianza en los bancos y en los agentes económicos acerca de que las empresas no enfrentarán embargos y otras sanciones por futuras reparaciones civiles. Y esa confianza nunca existirá si los agentes económicos trabajan con una norma que será revisada en las próximas semanas por el Congreso. Se necesita, pues, un acuerdo, una norma, en base a un entendimiento Ejecutivo-Legislativo. No hay otra. El asunto entonces debería ser procesado de inmediato por el Legislativo. Cuando hay buena voluntad todos los caminos conducen a Roma.

El fujimorismo se equivoca de cabo a rabo cuando relega el crecimiento económico por la lucha contra la corrupción. Una buena ley para salvar la continuidad de las inversiones, mantener empleos y preservar la cadena de pagos de las constructoras comprometidas en investigaciones, no tiene por qué afectar la lucha contra la corrupción. En todo caso el mundo es ancho y ajeno para encontrar todas las fórmulas posibles.

Siempre vale recordar que los mayores interesados en que el crecimiento se ralentice y el Perú ingrese a un escenario recesivo son las propuestas antisistema. El motivo: el 2021 tendrían todos los argumentos para agitar sobre el fracaso del neoliberalismo, del modelo económico fundado con las reformas económicas de los noventa.