Sabotaje contra producción petrolera

En contra de la voluntad de un grupo de comuneros apostados en el camino para impedir el paso, personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Ministerio Público (MP), ingresó al kilómetro 237 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano (ONP) para constatar que el derrame de petróleo, producido desde la primera semana de julio pasado, fue un acto más de sabotaje.  

Los pobladores de la comunidad de Manseriche, cercana al lugar del siniestro, denunciaron que la contaminación afecta a más de 11 comunidades. Después de verificar el corte de la tubería, las autoridades de Petroperú, encargados del ONP, han señalado que son cinco los actos de sabotaje registrados este año. Asimismo, han indicado que el 60% de los derrames de petróleo son actos provocados que han ocasionado,en los últimos años, pérdidas anuales de hasta US$ 100 millones. 

Con estos atentados, la situación energética del país se complica aún más. Las autoridades del Ejecutivo no han reaccionado utilizando los medios disponibles (vigilancia satelital y fuerzas del orden) para resguardar un recurso económico tan sensible para el país; tal como exigen las autoridades de Loreto, los principales beneficiados con el canon petrolero. Según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), la caída del canon petrolero perjudica a Loreto, que de haber recibo S/ 184 millones en 2014 por este concepto recibió apenas S/ 31 millones en 2018.

Estos actos de sabotaje atemorizan a los inversionistas. Prefieren lugares estables para realizar operaciones de exploración y explotación de petróleo. Por esta razón, la importación de petróleo en el país se ha incrementado a una tasa promedio de 2.9% entre 2007 y 2017. De acuerdo al informe Desempeño del sector de Hidrocarburos en el Perú 2008-2018, de la SPH, las exportaciones de petróleo se incrementaron en 47% en 2017, respecto al 2016. Al respecto, cabe señalar que las importaciones de petróleo no generan en el país puestos de trabajo para reducir la pobreza, el desempleo y la informalidad; tampoco renta, canon ni regalías que incrementen los presupuestos de las regionales y los gobiernos locales. Con la importación de crudo no hay convenios de cooperación que suscriban las empresas y las comunidades para desarrollar programas educativos, de salud y, entre otras obras, dotación de electricidad y vías de comunicación para los pueblos. 

Con la importación de petróleo, todos los contribuyentes subvencionan el consumo eléctrico que se produce por medio de las plantas termoeléctricas, de petróleo, gas o biomasa (materia orgánica). El 50% de la capacidad eléctrica del país es producida por las plantas termoeléctricas que se ubican en Chilca (Lima). Según Osinergmin, más del 62% de la generación de electricidad corresponde a las centrales termoeléctricas. El 48% restante corresponde a centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólica, de biomasa o sistemas combinados.  

Inversiones petroleras y gasíferas de US$ 50,000 están paralizadas. La nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) también estancada en el Congreso de la República porque el Ejecutivo, pretendiendo violar la Constitución para introducir en la norma la participación del Estado en estas actividades productivas. 

El Ejecutivo de Martín Vizcarra nunca tuvo una estrategia energética que pueda respaldar a los sectores productivos y al consumo doméstico del país. La única, si a eso se le puede llamar “estrategia”, son los convenios suscritos con Bolivia para la distribución de gas boliviano en el país. Mientras tanto, la izquierda sigue presente en los bosques por intermedio de asesores y dirigentes que constantemente realizan actividades en contra de la producción de petróleo.  

El marxismo y la izquierda peruana tienen planes definidos para hacer zozobrar la economía nacional. Han organizado frentes, comités de luchas y distintos gremios sociales para reclamarle a las empresas obras, en lugar de que la población canalice sus reclamos a la autoridad. Con esta estrategia anticapitalista orientan al país hacía un Estado totalitario, mercantilista, subsidiario y de prebendas. Exactamente como Venezuela.