Editorial Economía

¡Riquezas desaprovechadas en la Amazonía!

Los nativos no pueden seguir en la pobreza

¡Riquezas desaprovechadas en la Amazonía!
  • 05 de febrero del 2018

 

El Perú posee un vasto territorio de 73 millones de hectáreas en la Amazonía. Un territorio con una gran riqueza forestal que no es convenientemente explotada ni puesta en valor en el mercado por diversos problemas. Por un lado, 120,000 hectáreas (ha) de árboles maderables se pierden cada año por la tala indiscriminada. Asimismo existen entre diez y doce millones de hectáreas deforestadas que pueden ser explotadas, aunque solo se han concesionado siete millones. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), al 2015 la superficie forestal nacional alcanza las 128.52 millones de hectáreas y 10.5 millones de hectáreas aptas para forestar. Según el mismo informe,en el 2015 solo se reforestó 6,095 ha.

La pobreza de las comunidades indígenas, la ausencia del Estado en la construcción de carreteras e infraestructura y la falta de derechos de propiedad siguen siendo los principales escollos en contra de la explotación de los recursos forestales. Los planes del Estado no son suficientes para detener a los contrabandistas y traficantes de madera, y tampoco para impulsar las inversiones en el sector.

Durante el Gobierno del Alejandro Toledo, en el 2001, una ley pretendía promover las inversiones privadas para la explotación de recursos forestales. Se dieron concesiones por veinte años, en extensiones de 20,000 hectáreas. Por esa ley se entregaron concesiones a personas sin la debida capacidad financiera y sin la experiencia en la actividad. En el 2011, en el Gobierno de Ollanta Humala, se aprobó otra ley que establece concesionar 40,000 ha por cuarenta años. La ley no puede aplicarse en toda su dimensión porque el Ministerio del Ambiente (Minam), con Manuel Pulgar como titular, decidió someter la norma al proceso de consultas previas en las comunidades nativas amazónicas. Consultas previas que no tienen cuándo terminar.

Ninguna de esas leyes no ha logrado los resultados esperados. Por el contrario, en lugar de permitir la explotación racional del recurso maderero, han dejado libre la tala indiscriminada por los traficantes de madera en las concesiones otorgadas y en los territorios no autorizados, en donde los nativos —presionados por la pobreza— entregan sus riquezas forestales. El 90% de todas las concesiones fracasaron por no conocer el desarrollo de la actividad y por no haberse invertido en la reforestación de las concesiones otorgadas. Muchas de esas concesiones, que además fueron entregadas siguiendo criterios políticos, han sido canceladas, y otras se encuentran bajo medidas cautelares.

El Minam hace mal declarando a los bosques “santuarios intocables”, sin medir la casi nula capacidad que tiene el Estado para proteger los extensos territorios forestales. Al escenario de abandono y pobreza, que hace difícil contener cualquier delito, se suman los distintos círculos corruptos de la burocracia estatal, agudizando aún más la situación.

Durante el Gobierno de PPK se ha promulgado el D. L. N° 1283, que busca mejorar las inversiones forestales. La idea es superar los apenas US$ 120 millones que exporta el sector maderero peruano, mientras que Chile exporta US$ 6,000 millones en madera ¡en solo dos millones de hectáreas explotadas! La ley permite que los bosques de producción permanente —que no hayan sido otorgados en los concursos públicos o que hayan sido revertidos al Estado— se otorguen a través de un procedimiento abreviado.

No habrá mercados para los recursos forestales convenientemente explotados si el Estado sigue abandonando su responsabilidad de construir infraestructura básica (carreteras, puertos, puentes, hidrovías, educación, cuidados médicos), crear climas de inversión, brindar seguridad jurídica y otorgar los derechos de propiedad a las comunidades indígenas. Se debe evitar que, para paliar su pobreza, los pobladores de la selva amazónica se vuelvan dependientes de los traficantes de madera y de los cocaleros. Las comunidades nativas no pueden seguir siendo víctimas del ecologismo ambiental que, en lugar de promover el bienestar, las condena al abandono eterno y en medio de tanta riqueza. Esas comunidades podrían hacer ser dueñas de sus territorios y pactar, cara a cara con los inversionistas, el destino de sus riquezas.

 

  • 05 de febrero del 2018

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