Restaurar liquidación de compra minera

Es evidente que el proceso de formalización minera ha fracasado en el Perú. Las cifras son elocuentes. Se calcula que de un total de 400,000 mineros artesanales, solo 5,000 tributan. Asimismo, desde el 2012 hasta la fecha se ha exportado US$ 15,000 millones en oro sin declarar. Semejante resultado representa una grave pérdida para el fisco, y además revela que la informalidad y el daño al medio ambiente siguen aumentando y que los mineros artesanales no tienen posibilidades de progresar.

¿Cómo explicar esta situación? Es incuestionable que esta situación tiene que ver con la legislación para formalizar a la minería que se promulgó durante el gobierno nacionalista —que busca excluir a los productores artesanales, exigiendo los mismos requisitos demandados a la mediana y gran minerías— y con la decisión de las administraciones de PPK y Vizcarra de mantener esta normatividad. Sin embargo, la informalidad se disparó en extremo cuando durante el gobierno nacionalista se canceló el sistema de liquidación de compra, mediante el que las plantas de beneficio le compraban la producción a los mineros artesanales y les descontaban los impuestos respectivos.

Hasta el 9 de octubre del 2014 las plantas de beneficio les compraban a los pequeños mineros descontando 4% por impuesto a la renta y el 18% del IGV. Se podría decir que se trataba de un sistema de transición hasta que se lograra formalizar la minería artesanal. Los productores artesanales tenían un pie en la formalidad y otro fuera de ella.

Con la cancelación del sistema de liquidación de compra, el minero artesanal está obligado a tributar individualmente. Es decir, está obligado a tener RUC, llevar libros contables y contratar al contador respectivo, presentar los contratos de explotación y el cálculo de las reservas probadas. Es evidente que estos requisitos exigidos son imposibles de cumplir por los mineros informales y, entonces, la extralegalidad comienza a extenderse.

Asimismo, existen otros requisitos inalcanzables para los mineros artesanales. Por ejemplo, deben presentar una guía de remisión con 60 requisitos, de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago: desde el RUC respectivo hasta la información impresa y no necesariamente impresa de las operaciones. Igualmente, la Sunat exige que los operarios de una pequeña empresa se registren en planilla, pero los propios trabajadores se niegan abiertamente porque pierden la posibilidad de acceder al Seguro Integral de Salud (SIS).

Como se aprecia, con la cancelación del sistema de liquidación de compra el proceso de recaudación se traslada al minero artesanal, y este huye de la formalidad porque no puede presentar los requisitos exigidos. El resultado de esta política es uno solo: el aumento de la informalidad y la alarmante caída de la recaudación tributaria.

La administración Vizcarra está en la posibilidad de corregir este grave yerro en la política formalizadora de la minería, promulgando un Decreto de Urgencia que restablezca el sistema de liquidación de compra, tal como existe en otras actividades económicas. Finalmente, se trata de un sistema que solo busca crear una transición entre las economías formales e informales, y recuperar los recursos que pierde el fisco.