Reconstruir el Estado con una nueva ola de reformas

Para todos los peruanos de buena voluntad –es decir, para quienes priorizan los mandatos de la realidad antes que las anteojeras ideológicas– el gran problema del Perú es el Estado que ha surgido en las últimas tres décadas luego de las reformas económicas de los noventa. Una de las paradojas del Perú del siglo XXI: la economía y el mercado multiplicaban el PBI, reducían la pobreza y extendían las clases medias, pero el Estado se burocratizó, se llenó de una adiposidad que bloqueaba inversiones y fomentaba la informalidad.

El problema del Perú entonces está en el Estado burocrático que ha emergido bajo las influencias y narrativas de la izquierda, que han demonizado a las empresas y a la inversión privada, justificando el crecimiento de la burocracia con el objetivo de, supuestamente, controlar la voracidad y los excesos privados.

En este contexto no es exagerado sostener que los grandes acontecimientos que hoy sostienen al Perú son las reformas económicas de los noventa y el sector privado formal e informal que ha surgido aportando el 80% de los ingresos fiscales y proveyendo más del 80% del empleo en la sociedad. Los mercados aprueban el examen y el Estado es jalado en todas las materias.

Sin embargo, ¿cómo se reforma este Estado enorme que ha surgido ante nuestros ojos? Es incuestionable que se debe acabar con el Estado burocrático reduciendo ministerios, oficinas y dependencias en tanto se eliminan todos los trámites innecesarios para llegar al sistema de ventanillas únicas con procedimientos abreviados. Reducir el Estado y simplificar administrativamente el Estado, por ejemplo, es una de las claves para desarrollar una reforma tributaria en la que se reduzcan los impuestos y se simplifique el sistema de cobro de tributos.

Igualmente, la necesidad de formalizar el empleo y crear trabajo de calidad demanda una reforma que flexibilice los contratos de trabajo, tal como sucede en las sociedades desarrolladas que han alcanzado el pleno empleo. Al lado de las reformas institucionales y legales debemos avanzar en la gran reforma física de la sociedad: solucionar todos los déficits de infraestructuras a través de un shock de inversiones mediante el mecanismo de asociaciones público privadas y obras por impuestos.

Al lado de estas reformas, se ha repetido hasta la saciedad, existe la urgencia de avanzar en las reformas de los sistemas educativos y de salud con el objeto de crear un capital humano, una fuerza laboral educada y saludable capaz de innovar y competir en las tendencias planetarias de la IV Revolución Industrial.

Sin embargo, una de las claves para emprender todas estas reformas es cancelar el fallido proceso de descentralización que ha destruido la capacidad del Estado en desarrollar inversiones para cerrar las brechas de infraestructuras básicas en agua, desagüe, colegios, postas médicas y carreteras en las regiones del Perú. Se calcula que entre el 2019 y el 2025 los gobiernos subnacionales gastaron más del 160% de la brecha proyectada en esos años; sin embargo, los problemas de agua y desagüe se han mantenido o se han incrementado. La misma situación se presenta en colegios, postas médicas y carreteras.

En síntesis, la gran reforma que debe emprender el Perú es en contra del Estado burocrático que ha frenado el Perú, bloquea inversiones y fomenta la informalidad. 

En los años noventa las grandes reformas desmontaron el Estado empresario y su planilla gigantesca que causaba hiperinflación. Hoy la reforma, igualmente, se debe focalizar en el fin del Estado burocrático para liberar todas las cadenas que impiden que la sociedad y el sector privado desarrollen toda su potencialidad.