¡Declaratoria de guerra inmediata a la minería ilegal!

La minería ilegal dejó hace tiempo de ser una actividad artesanal; hoy constituye una de las mayores amenazas económicas, ambientales e institucionales contra el Perú. Allí donde se expande —Pataz en La Libertad, Madre de Dios, el corredor minero del sur o Tambogrande en Piura— no aparecen desarrollo ni prosperidad, sino violencia criminal, destrucción ambiental, evasión tributaria y debilitamiento del Estado de derecho.

El problema ya alcanzó dimensiones extraordinarias. En el 2025 la minería ilegal movilizó alrededor de US$ 12,000 millones, equivalentes al 2.7% del PBI nacional y una cifra que supera largamente el volumen económico del narcotráfico. Según estimaciones oficiales, esta actividad se ha convertido en la economía ilícita más grande del Perú. No estamos, pues, ante pequeños productores informales aislados, sino frente a verdaderas organizaciones criminales que controlan territorios, rutas, campamentos y redes de comercialización.

La expansión de este fenómeno comenzó con el incremento del precio internacional del oro y la ausencia histórica del Estado en amplias zonas rurales. Sin embargo, lo que inicialmente pudo haber sido minería artesanal dispersa terminó evolucionando hacia estructuras criminales capaces de capturar autoridades locales, imponer sistemas paralelos de control territorial y utilizar la violencia como mecanismo permanente de dominación.

Los hechos son conocidos. Asesinatos, extorsiones, desapariciones, enfrentamientos armados y ataques contra dirigentes locales forman parte del escenario habitual en varias zonas mineras ilegales. Alrededor de esta economía ilícita proliferan además redes de trata de mujeres y adolescentes, prostitución clandestina, trabajo infantil y sistemas de explotación laboral completamente ajenos a cualquier regulación estatal.

Pero quizá uno de los aspectos menos comprendidos del problema es el gigantesco daño económico que produce esta actividad. Mientras la minería formal generó más de US$ 60,000 millones en exportaciones y alrededor de S/ 24,000 millones en tributos durante el 2025, la minería ilegal opera prácticamente fuera del sistema tributario y destruye recursos que podrían financiar servicios públicos y obras para millones de peruanos.

Las pérdidas fiscales asociadas a exportaciones ilegales de oro y cobre habrían superado los S/ 7,500 millones entre el 2023 y el 2025, a lo que se añaden otros miles de millones vinculados a mecanismos de evasión y lavado de activos. Regiones como Puno, Arequipa y Madre de Dios figuran entre las más perjudicadas. Es decir, mientras la minería formal financia canon, infraestructura y presupuesto público, la minería ilegal extrae riqueza del país sin aportar prácticamente nada al Estado.

El impacto ambiental resulta todavía más devastador. Más de 140,000 hectáreas de bosques destruidos y cientos de cuerpos de agua contaminados con mercurio revelan una tragedia ecológica de enormes dimensiones. En Madre de Dios, por ejemplo, el número de dragas ilegales en los ríos se multiplicó explosivamente durante los últimos años, mientras toneladas de mercurio continúan ingresando a la cadena alimentaria de poblaciones enteras.

Los estudios realizados en comunidades amazónicas revelan niveles alarmantes de mercurio en sangre muy por encima de los estándares internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando, por lo tanto, de un problema de salud pública que afectará durante décadas a miles de personas, especialmente niños y poblaciones vulnerables.

Sin embargo, quizá el mayor fracaso del Estado peruano se expresa en el deterioro institucional asociado al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Lo que originalmente debía servir como mecanismo temporal para facilitar la formalización de pequeños productores terminó convirtiéndose en una cobertura legal que permite operar ilegalmente bajo apariencia de formalidad.

Las cifras son contundentes. De decenas de miles de inscritos en el Reinfo, apenas una fracción mínima logró formalizarse realmente. El resto utiliza el registro como escudo jurídico para continuar actividades fuera del control efectivo del Estado. En la práctica, el sistema terminó favoreciendo exactamente aquello que supuestamente debía corregir.

A pesar de ello, el Congreso continúa ampliando sucesivamente la vigencia del Reinfo presionado por grupos de interés que buscan perpetuar este régimen ambiguo. El resultado es profundamente dañino: se debilita el sistema de concesiones mineras, se deteriora la seguridad jurídica y se envían señales contradictorias a la inversión formal precisamente cuando el Perú necesita fortalecer su competitividad minera.

Todo este entramado de violencia, evasión tributaria, captura institucional y destrucción ambiental actúa además como un enorme repelente para las inversiones formales. Ningún país puede aspirar a convertirse en potencia minera si amplias zonas de su territorio quedan bajo control de economías ilegales capaces de desafiar abiertamente al Estado.

La lucha contra la minería ilegal exige algo más que operativos esporádicos. Requiere una estrategia integral para recuperar el control territorial, desmontar las redes de protección política y fortalecer la acción coordinada de Sunat, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Porque lo que está en juego no es únicamente el futuro de la minería formal, sino la capacidad misma del Estado peruano para imponer la ley sobre organizaciones criminales que hoy avanzan sobre regiones enteras del país.