Algunos días después de la APEC, poco a poco, el Per&uac...
Una convergencia de oenegés anticapitalistas ha lanzado una feroz campaña en contra de las empresas agroexportadoras señalando que, en el sector moderno de la agricultura, no se respetan los derechos laborales y sociales de los trabajadores. A través del testimonio de dirigentes ideologizados se señala una serie de lugares comunes anticapitalistas que evocan las terribles mentiras que desarrollaron otras oenegés con objeto de detener y ahuyentar a las inversiones en la minería moderna.
Sin embargo, semejante campaña se desarrolla luego de la derogatoria de la ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que establecía regímenes tributarios y laborales especiales para el agro, y después de aprobarse la ley 31110, “la ley agraria Sagasti”, una norma que establece que el salario agrario tiene una bonificación especial para el trabajador agrario (BETA), que representa un 30% por encima del mínimo vital nacional; que promueve la sindicalización de los trabajadores, la negociación por rama y la contratación preferencial de los trabajadores previos. Es decir, una ley que elimina la flexibilidad laboral y promueve la estabilidad laboral absoluta.
Desde la vigencia de la ley agraria Sagasti el milagro agroexportador en el Perú se ha detenido en seco. El 2023 el PBI agrario cayó en 4.1% y desde el 2020 existe una caída del empleo en PEA agraria de 12% y desde agosto de 2023 se registra una pérdida de 100 mil empleos mensuales. Semejantes cifras son el directo resultado de la ley 31110, que eliminó el régimen tributario promocional y el régimen de flexibilidad laboral.
Cuando las oenegés de izquierda lanzan una terrible campaña de fábulas y leyendas arguyendo que en la agroexportación no se respetan los derechos laborales y sociales, ¿acaso pretenden la derogatoria de la ley 31110, es decir, de la norma que estas organizaciones promovieron? No parece de sentido común. Lo que buscan es evitar que se apruebe una nueva ley de promoción que salve el milagro agroexportador peruano paralizado por la derogatoria de la ley de Promoción Agraria.
El objetivo laboral de las izquierdas es establecer la estabilidad laboral absoluta y la negociación por rama a través de sindicatos autogestionarios, tal como sucedió durante el velascato y empobreció a más del 60% de la sociedad. ¿Una sobrerreacción derechista? De ninguna manera. Los costos laborales de las empresas -que incluyen pagos de la seguridad social, CTS, vacaciones- representan entre el 50% y el 60% de los costos totales de las empresas. Por lo tanto, desconocer semejante hecho de la economía es proponer la estatización de las empresas.
Una de las cosas más estremecedoras, que revela una extrema frivolidad en contra de los pobres y el empleo formal en el agro, es que la campaña de las oenegés se desarrolla en contra de inversiones que se desarrollan en el 5% de la extensión agrícola del país. Se guarda silencio frente a la indiferencia del Estado que no entrega títulos de propiedad, no promueve estrategias de asociatividad ni desarrolla infraestructuras hídricas para más de 2 millones de minifundistas que conducen el 95% de las tierras agrícolas y desarrollan agricultura de sobrevivencia.
Otra de las cosas que estremece de la campaña de las oenegés anticapitalistas es que se desarrolla cuando, en los últimos años, se ha dejado de invertir en alrededor de 30 mil hectáreas -toda la extensión agroexportadora se desarrolla en 250 mil- y cuando en el Ejecutivo se pretende destrabar los proyectos Chavimochic III, Majes Siguas II y Chinecas, que pueden agregar a la agroexportación cerca de 150 mil hectáreas ganadas al desierto.
El objetivo de las oenegés anticapitalistas parece ser extremadamente claro: detener las agroexportaciones y evitar que el Perú se convierta en una potencia agraria mundial y se continúe erradicando la pobreza en el campo.
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