Presidente, decida sobre Las Bambas y Tía María. ¡Es su obligación!

En las últimas horas se conoció que el distrito de Velille (Cusco) exige a Las Bambas el pago de S/ 50 millones anuales, no obstante no pertenecer a la zona de influencia del mayor megaproyecto de cobre del Perú, que suma una inversión de US$ 10,000 millones y aporta cerca del 1% del PBI nacional. Asimismo, el Ejecutivo se ha quedado en silencio frente a la urgencia de otorgar la licencia de construcción del proyecto Tía María, proyecto que busca ser bloqueado por los sectores antimineros. Si no se concediera la autorización hasta agosto, el Estudio de Impacto Ambiental volvería a fojas cero, y una inversión de US$ 1,400 millones se postergaría hasta las calendas griegas.

La cosa es extremadamente grave. El llamado Corredor Minero del Sur (Cusco, Apurímac, Arequipa) no solo se emplaza cerca de las minas Constancia, Las Bambas, Antapaccay, Cerro Verde y otras, sino que representa más del 50% de la producción del cobre nacional. Es en esta enorme área minera en donde el radicalismo antiminero y los núcleos de extorsión se han propuesto manipular el legítimo descontento de las poblaciones ante el fracaso del Estado en la redistribución de la renta minera (construcción de carreteras, escuelas y puentes) y la inacción total del Ejecutivo. ¿Cómo se produce la manipulación? Culpando a las grandes empresas de las injusticias sociales, no obstante que estas pagan todos sus impuestos a un Estado incapaz de redistribuir la riqueza.

La violencia de los radicales antimineros está amenazando inversiones mineras por más de US$ 15,000 millones en desarrollo, y otras que entrarán en ejecución entre el 2022 y el 2024. Ante esta situación el Ejecutivo no se da por enterado, mientras el presidente Vizcarra sigue desarrollando su guerra en contra del Legislativo. 

Si consideramos que la minería suma cerca del 2% del PBI, que la economía apenas creció 2.5% en el primer trimestre del 2019 y que en abril hubo 0.02% de expansión, la situación de la minería en el sur se vuelve extremadamente dramática. ¿Tanta frivolidad existe en el Ejecutivo? Pero eso no es todo. El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, ha aprobado un “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Es decir, un protocolo que establece una situación especial para las ONG de izquierda que suelen defender a los radicales antimineros procesados por ejercer violencia y violar la propiedad pública y privada. En otras palabras, el Ejecutivo no solo no parece interesado en defender la Constitución y la ley en las zonas mineras, sino que se pone de lado de los sectores radicales anti inversión.

Hoy el Perú se ubica en segundo lugar de la producción de cobre mundial, con 2.5 millones de toneladas de cobre (TMC). El primer lugar lo tiene Chile, con más de cinco TMC. Si no se hubiese detenido el desarrollo del llamado cinturón de cobre del norte (Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay) se habría agregado un millón de TMC más a la producción nacional. Los especialistas señalan que si el Perú estuviese ejecutando su cartera de proyectos mineros de US$ 60,000 millones estaría en condiciones de disputar el primer lugar de la producción del metal rojo. Pero lo más importante: la economía peruana estaría creciendo sobre el 5% y la pobreza estaría debajo del 15% de la población. Un verdadero crimen social contra los cerca de seis millones de pobres del país.