¿Por qué es necesario restablecer la vigencia de la ley de Promoción Agraria?

Luego del fracaso del golpe de Pedro Castillo y de las olas de violencia del verano pasado, y después de la recesión económica, la mayoría del Congreso que detuvo la asamblea constituyente no se atreve a restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360), que establecía regímenes tributario y laboral promocionales y que se constituyó en una de las claves del milagro agroexportador peruano. Como todos sabemos la mencionada norma fue derogada por el gobierno provisional de Francisco Sagasti.

El argumento que se esgrime para evitar la recuperación de la norma derogada: los empresarios agrarios han tenido exoneraciones por más de dos décadas. Vale señalar que los regímenes especiales de la Ley 27360 no eran solo para un sector del empresariado, sino para todos los agricultores. Como todos sabemos, en el Perú existen alrededor de 7 millones de hectáreas (ha) dedicadas a la agricultura, de las cuales apenas 250,000 ha se dedican a la agricultura moderna; es decir, el 5% de toda la extensión agrícola. Más de 2 millones de minifundistas –con menos de 5 ha– conducen el 95% de los predios rurales. La Ley de Promoción Agraria, con sus regímenes especiales, pretendía que más de 10 millones de personas (considerando 5 por familia) abandonaran la agricultura de sobrevivencia y de pobreza.

Ahora bien, ¿por qué la Ley de Promoción Agraria establecía un régimen especial de 15% de pago en renta? Las inversiones agrícolas dependen de la infraestructura hídrica que desarrolle el Estado. Es decir, del agua disponible para la actividad. Sin embargo, las inversiones en almacenamiento, regadíos y distribución dentro de los predios corren exclusivamente a cargo del emprendedor, del empresario. ¿Cómo los minifundistas pueden resolver estas necesidades sin regímenes especiales? Por otro lado, las inversiones –por ejemplo– en paltas, cítricos y arándanos demandan en promedio más de 8 años para alcanzar rentabilidad.

Las inversiones agrícolas en cualquier parte del mundo, inevitablemente, enfrentan eventos climáticos e imponderables geográficos, lo que convierte a la actividad en altamente riesgosa. De allí que organismos multilaterales como la OCDE y la FAO recomienden regímenes especiales. De allí también que la derogada Ley 27360 fuese copia de las legislaciones de los países llamados “tigres de Asia” y que todas las economías desarrolladas contemplen mecanismos promocionales para el agro.

Asimismo, vale precisar que los regímenes promocionales de la derogada Ley de Promoción Agraria nada tienen que ver con los intentos de resucitar el velasquismo de algunos sectores empresariales, que plantean que el Estado se convierta en el director del proceso de industrialización, con la elección de siete sectores que gocen de exoneraciones en renta, IGV, predial y se otorguen préstamos sociales garantizados por el Estado. En la Ley de Promoción Agraria se establece un régimen promocional para toda la agricultura por la naturaleza riesgosa de la actividad y la alta empleabilidad que generan estas inversiones. Algunas empresas agroexportadoras llegan a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores por campaña, con todos los derechos sociales reconocidos.

Con la ley de Promoción Agraria –que se derogó absurdamente– y bajo la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio, en dos décadas, las agroexportaciones crecieron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones. En otras palabras, el Estado incrementó sus posibilidades de recaudación en más de 1000%. Asimismo, se convocaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y las utilidades no cesaron de reinvertirse en la actividad. Las tasas de crecimiento de las agroexportaciones no fueron superadas por ningún otro sector ni economía en América Latina.

¿Por qué, entonces, no se restablece la vigencia de la ley de Promoción Agraria?