¿Pérdida de calificación para el Perú o para Petroperú es la disyuntiva?

Luego de más de tres décadas de una macroeconomía que resistió una casi perpetua crisis política y que, al margen de los entrampamientos públicos, seguía causando admiración en el mundo, el gobierno de Dina Boluarte incumplió las metas fiscales establecidas para el 2023. El déficit cerró en 2.8% del PBI, no obstante que se proyectó un máximo del 2.4%. Algo más preocupante. Si no se hubiese desarrollado la extraña operación de adelantar las utilidades del Banco de la Nación al erario nacional el déficit habría terminado en 2.9%. 

Con semejante resultado, según todas las calificadoras de riesgo internacional, se habrían disparado todas las alarmas sobre la situación fiscal del país y se habrían cuestionado los grados de inversión obtenidos por el país en las últimas tres décadas. Una de las razones del desmanejo fiscal del Estado es la permanente sangría de recursos de parte de Petroperú, la petrolera estatal que sigue acumulando yerros e ineficiencias que debemos pagar todos los peruanos. 

El 2022 los rescates a la petrolera estatal sumaron US$ 2,500 millones y, en la actualidad, un sector del Ejecutivo –en alianza con las bancadas comunistas del Congreso– pretende aprobar otro rescate de alrededor US$ 2,500 millones. Los posibles aportes de US$ 5,000 millones del Estado a la petrolera estatal deberían sumarse a los más de US$ 6,000 millones que ya cuesta la modernización de la refinería de Talara. ¿Alguien duda acaso que Petroperú es una de las causas del desmanejo fiscal del país?

En este contexto, el Ejecutivo anunció que ya no se desarrollarían más rescates financieros a Petroperú. Luego se conoció de la baja de la calificación crediticia a la petrolera estatal. En el acto, las corrientes de izquierda argumentaron que no se debería permitir la caída de Petroperú, justificando más recursos del bolsillo de los peruanos para salvar a una empresa estatal sin viabilidad económica. ¿Acaso no se entiende que si se sigue con los rescates irresponsables a la petrolera estatal lo que estará en peligro son las calificaciones crediticias del Perú?

En este contexto, mediante el Decreto Supremo 004-2024-EM se produjo la recomposición de la Junta General de Accionistas de (JGA) de Petroperú. A partir de ahora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá el 60% del total de la JGA, en tanto que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) manejará el 40% de las participaciones. Los cambios en la Junta General de Accionistas se producen días después de que la agencia Fitch Ratings bajara a +B la calificación crediticia de Petroperú como emisor de valores en moneda local y extranjera de largo plazo que antes se encontraba en BB+. La rebaja de la calificación crediticia de la petrolera, según diversas aproximaciones, se debería al anuncio del Ejecutivo acerca de que no seguiría desarrollando rescates financieros de la petrolera estatal.

Si el Ejecutivo se mantiene en el camino de la responsabilidad fiscal descartando rescates irresponsables estaría enviando una poderosa señal a los mercados mundiales y nacionales, señalando que ante la crisis fiscal del 2023 se inicia un ajuste y la eventual reorganización e insolvencia de la petrolera estatal.

Si el Perú no recupera el camino de la responsabilidad fiscal, entonces, la destrucción de la macroeconomía estará en camino. De una manera gradual se estaría ejecutando el programa de Perú Libre, sin Pedro Castillo en el poder. Recuérdese que la nacionalización de la política petrolera y de los recursos naturales era la niña de los ojos del programa perulibrista.

¿Argumentos efectistas de la ortodoxia económica? De ninguna manera. El 2024 el Perú debe cumplir la meta de reducir el déficit fiscal al 2% del PBI. Si no lo hace, las calificadoras internacionales revisarán los grados de inversión del país. Al respecto, Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo Soberano de Moody’s, ha señalado que si el próximo año no se cumplen las metas de reducción del déficit fiscal se revisará la calificación crediticia del Perú.

La disyuntiva, pues, es entre el Perú y la petrolera estatal.