¿Para cuándo la Ley de Promoción Agraria?

Un reporte de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) señala que la pobreza en las áreas agrícolas —en la zonas rurales— ha disminuido de 80.1% en 2004 a 35.6% en 2018. Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2018, el 26.1% (4.4 millones de personas) de la Población Económicamente Activa (PEA) era parte del sector agropecuario. Semejantes resultados, en gran parte, se explican por la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360) que permite la flexibilización del empleo formal en el país, con todos los beneficios que les corresponden a los trabajadores.

No obstante los avances logrados, las inversiones en el sector están retraídas. De acuerdo a la Agencia de Promoción para la Inversión Privada (Proinversión), en 2018 solo hubo un incremento del 0.3%. Casi nada, tomando en cuenta el enorme potencial agroexportador del país, con más de 600 variedades de frutas y hortalizas. Además, Perú está considerado como proveedor confiable, pues cumple estrictamente los protocolos fitosanitarios exigidos en los principales mercados del planeta. Asimismo, está incluido en la lista de los 20 países más importantes del mundo, entre los dedicados a la actividad agroexportadora. 

En los últimos 18 años, la actividad agroexportadora ha sido la más dinámicas del país: creció casi ¡900%! En los últimos 12 meses productos como la uva, espárragos y arándanos han crecido notablemente respecto a los otros países de la región. La Ley Nº 27360 ha logrado este milagro al dinamizar la economía mejorando la competitividad de los productores y generando más empleos. Según la Asociación de Exportadores (Adex), este año, del total de los empleos generados por las exportaciones nacionales, el 45% pertenece al sector agroindustrial. ¿Qué falta hacer, entonces, para que el sector agroexportador logre aportar el 27% al Producto Bruto Interno (PBI) nacional, tal como se proyecta en Adex para los próximos años? 

Distintos estudios señalan que de los 128.5 millones de hectáreas de territorio nacional, solamente 7.6 millones están destinados para la agricultura, y que solo se aprovecha 5.4 millones de hectáreas; es decir, solo el 4.2% del territorio nacional es aprovechado por la agricultura. En este contexto, las inversiones son necesarias para incrementar los territorios agrícolas. Varios proyectos hídricos hoy estancados, como Majes Siguas II, permitirán más de 40,000 hectáreas de nuevas áreas cultivables en Arequipa. Sin embargo, ese proyecto continúa detenido por la indecisión de las autoridades, aún cuando han señalado estar de acuerdo con el cambio de tecnología, de canales abiertos a cerrados, para optimizar el consumo y las pérdidas de agua.

La Ley de Promoción Agraria también está estancada en el Congreso de la República. El Ejecutivo ha observado el incremento de 4% a 6% del aporte de las empresas agrícolas a EsSalud. Sectores de la izquierda peruana representados en el Congreso plantean que sea de 9%, aunque saben que el sistema EsSalud no ofrece servicios médicos en las zonas rurales. 

Por otro lado, Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), ha señalado en reiteradas oportunidades que las actividades agrarias han demostrado ampliamente su eficacia social y económica y que, por lo tanto, no deben tener fecha de caducidad. Por eso, no se entiende cómo el Congreso ha extendido la vigencia de la Ley Nº2730 —que vence el 31 de diciembre 2012— tan solo por tres años. Amaro ha señalado que la extensión de la Ley de Promoción Agraria debería ser de por lo menos de 30 años, porque toma tiempo recuperar y habilitar los terrenos agrícolas, y porque un “marco legal apropiado permitirá que permanentemente existan nuevas inversiones en el sector agropecuario”. 

Así como la izquierda anticapitalista se opone a los proyectos mineros (que representan el 60% de las exportaciones peruanas) tan importantes para el desarrollo nacional y el crecimiento social de los más pobres, así también se opone al desarrollo de las áreas rurales. Detener las inversiones agrícolas y mineras, alegando que el país puede crecer impulsando el turismo y el minifundio —agricultura de subsistencias— es negar el potencial de los recursos nacionales. El propósito es hacer quebrar la economía por intereses claramente políticos: instalar en Perú el socialismo de Chávez y Maduro.