Otra vez el Estado empresario, pero en el Congreso

Semanas después de que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, señalara la posibilidad del regreso del Estado -empresario en “sectores estratégicos como minería, hidrocarburos e incluso en aerolíneas públicas” (echando veneno y humo tóxico a los mercados y contribuyendo al frenazo económico), ahora en el Congreso también se pretende hacer algo parecido. Wuilian Monterola, presidente de la Comisión de Transportes del Legislativo, ha presentado una iniciativa que contempla la posibilidad del retorno del Estado empresario al sector telefonía.

Ignorando que la Carta Política establece taxativamente el rol subsidiario del Estado, la mencionada iniciativa propone modificar la Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación para permitir que el Estado constituya una empresa en el sector, con objeto de “promover una competencia efectiva en el sector telecomunicaciones”. El asunto se comenzó a debatir el viernes en la Comisión de Transportes. La iniciativa de Monterola señala “que la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones puede ser desarrollada tanto por empresas privadas como por empresas estatales…”. Asimismo, el mencionado proyecto precisa las funciones del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) del sector Transportes y Comunicaciones (MTC), señalando que esta entidad puede “operar, administrar y brindar de manera directa, o a través de terceros, en zonas donde no exista competencia efectiva y cumpliendo su rol subsidiario por ser de alto interés público, servicios públicos de telecomunicaciones”.

Más claro no cantan los gallos. De aprobarse la iniciativa se trataría del regreso del Estado empresario al sector de telecomunicaciones. Al parecer a los políticos del Ejecutivo y del Legislativo no les interesa demasiado que la economía peruana, según la revista The Economist, en el primer trimestre del 2019 haya retrocedido en -5.3% y que el crecimiento de abril sume apenas 0.02%. No les interesa el frenazo económico y que comience a vislumbrarse un escenario recesivo que podría volver a aumentar la pobreza, no obstante que nuestro país lideró a la región en la reducción de este flagelo social.

Solo una frívola indolencia frente a la situación económica puede explicar que el ministro de Justicia y el presidente de la Comisión de Transportes vuelvan a hablar de la posibilidad del Estado empresario. En el sector telefonía basta recordar que, antes de las privatizaciones, tener un teléfono fijo era un lujo del que gozaban solo los ricos y los amigos del Presidente y los ministros de turno. En medio de la hiperinflación que desataba los gigantescos déficits fiscales creados por decenas de empresas estatales —antes de las reformas económicas de los noventa— un teléfono llegaba a costar US$ 2,000. Un verdadero Mercedes Benz para la época.

El Estado empresario devastó el Perú entre las décadas de los setenta y los ochenta. El Estado creaba empresas en la banca, la minería, la pesca, el comercio de alimentos, los servicios públicos e, incluso, existían cines estatales. Con el velascato en desarrollo se multiplicaron el monopolio de empresas públicas en telecomunicaciones, electricidad e hidrocarburos. Se calcula que el forado fiscal que crearon estas empresas representó alrededor del 45% del PBI en la década de los setenta y los ochenta. Todas las desgracias y tragedias sociales que hoy azotan a Venezuela caían en ese entonces sobre los peruanos. ¿Cómo, pues, se puede seguir proponiendo la fórmula del Estado empresario?

El hecho de que en el pasado pleno agrario del Legislativo no se haya aprobado la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria —que establece un régimen especial tributario y laboral— revela que el Congreso, al Ejecutivo y, en general, a nuestra debilitada clase política no entienden el modelo económico, no comprenden qué significa crecer en base a inversión privada, como la condición fundamental para erradicar la pobreza en el largo plazo. Devastador.