Oleoducto peruano es blanco de sabotajes

En la semana pasada el Oleoducto Norperuano (ONP) fue nuevamente blanco de ataques anónimos. Según las autoridades que llegaron al lugar, fue saboteado en el kilómetro 237, cerca a la comunidad nativa Nuevo Progreso (distrito de Manseriche, provincia del Datem del Marañón, Loreto). Pese a la oposición de los comuneros, los técnicos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y personal del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional lograron ingresar al lugar para evaluar el volumen de petróleo derramado, cuantificar el impacto ecológico y deslindar las responsabilidades del crimen contra el medio ambiente y la economía del país.

Diversos informes señalan que más del 60% de los derrames de crudo de petróleo en el Amazonas son actos de sabotaje cometidos con el fin de conseguir indemnizaciones por contaminación y para que los comuneros cobren por los trabajos de reparación del tubo y de limpieza de petróleo de la zona afectada. Funcionarios de Petroperú —la empresa estatal a cargo del ONP— han señalado que gastaron más de S/ 270 millones en distintas reparaciones del tubo, y que desde el año 2014 han contabilizado más de 27 actos de sabotaje en el ONP. Todos los cortes realizados en el tubo han sido denunciados ante el MP sin que hasta la fecha existan procesos judiciales ni acciones del Estado para evitar que el boicot se repita.

Las comunidades vinculadas a las ONG del ambientalismo ideológico se han propuesto detener las actividades de hidrocarburos en la selva, con el fin de ralentizar aún más la economía nacional. “Asesores” de ciertos dirigentes —quienes cobran una comisión por todas las indemnizaciones que reciben los comuneros— dirigen organizaciones criminales que presionan a las empresas y a los pobladores. Se aprovechan del fracaso evidente del Estado en la provisión de servicios básicos (salud, educación, agua potable, electricidad) para generar cualquier conflicto y así tener la atención de las autoridades. 

El colmo de la situación es que, según Petroperú, en distintas oportunidades los dirigentes de las comunidades han reconocido ser los autores de los sabotajes, sin que las autoridades puedan hacer algo para detenerlos. Y la situación se agudiza con la impericia de las autoridades. 

Las autoridades de Loreto han manifestado su malestar por estos continuos ataques al ONP, y plantean que un simple decreto ley serviría para recuperar los bienes nacionales que han sido tomados ilegalmente. O una declaratoria de emergencia nacional, para establecer una zona de exclusión el ONP. Perú cuenta con un satélite que podría vigilar constantemente el ducto y las cinco estaciones que tiene Petroperú. Una base del Ejército o de la Policía serviría para prevenir estos atentados. Pero no hay quien tome esta decisión valiente. Curioso que los mismos comuneros implicados en los actos de sabotaje propongan a las autoridades cuidar el oleoducto. 

En repetidas oportunidades los trabajadores petroleros y los representantes de diversas instituciones y organizaciones sociales de Loreto han demandado al presidente Martín Vizcarra aplicar el principio de autoridad para frenar la criminalidad en la selva. Se sabe que los pseudodirigentes de las comunidades están influenciados y alentados por algunas ONG y supuestas “empresas remediadoras de daños contra la naturaleza”. El pedido, como es costumbre en el país, no es atendido y la crisis continúa.

La presencia de dirigentes de la izquierda peruana y marxismo en la selva es evidente. Se aprovechan del fracaso del Estado. ¿Qué hacer? Aplicar la ley, nada más.