O minería moderna que reduce pobreza o minería ilegal que lo destruye todo

Hoy hablar de la minería y desarrollo en el Perú no solo debe remitirnos a la polémica con las izquierdas colectivistas y progresistas acerca de la necesidad o no de concretar nuestra cartera de inversiones, que suman más de US$ 55,000 millones, y le permitirían al Perú crecer por encima del 5% promedio anual y reducir pobreza como nunca antes en la historia. También debemos referirnos a esta insalvable disyuntiva: o desarrollamos la minería moderna o permitimos que la minería ilegal –que no paga impuestos, no crea empleo formal y destruye el medio ambiente– se expanda en todas las provincias del país.

En los últimos meses ha quedado meridianamente claro que si no se desarrolla minería moderna, entonces, no solo se lentifica el crecimiento y aumenta la pobreza, sino que los mineros ilegales se alían con el crimen organizado para invadir concesiones y asesinar a los trabajadores formales. En Pataz, en La Libertad, por ejemplo, la alianza de mineros ilegales con el crimen organizado ya ha causado la muerte de 17 trabajadores, más de 23 heridos y 15 torres de alta tensión derribadas. En los últimos seis meses se ha registrado la salida de más de 3,417 volquetes cargados de mineral que no pertenecen a Minera Poderosa, Aurífera Retama ni Horizonte, empresas formales que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleo formal.

Los precios de los minerales en alza –sobre todo los del oro y del cobre– y la falta de Estado de derecho en las regiones mineras alientan las invasiones y los ataques a las concesiones de la minería moderna. En el corredor vial del sur –área en donde se emplazan las minas que producen cerca del 40% del cobre del país– se han multiplicado las invasiones de mineros ilegales desde inicios de este año. Si bien no existe todavía una alianza con el crimen organizado, las invasiones a las concesiones de Constancia, Antapaccay y Las Bambas se multiplican.

En este portal hemos informado que las intervenciones de la Policía Nacional en el corredor vial en contra de la minería ilegal son, como se dice, moneda corriente. En el puente Challhuahuacho la PNP intervino un camión repleto de explosivos, y no se pudo determinar el origen y el destino de los materiales. Era evidente que se trataba de insumos para la minería ilegal. Igualmente, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP detuvo a cuatro mineros ilegales que transportaban 60 toneladas de cobre puro, valorizadas en S/ 3 millones.

La minería ilegal, pues, comienza a convertir a las regiones mineras en un Lejano Oeste en donde estalla en pedazos la vigencia de la Constitución, de las leyes y el sistema de derechos de propiedad. Si no existe la voluntad de recuperar el Estado de derecho, si la PNP y las instituciones del sistema de justicia no se proponen identificar y procesar a quienes violan los derechos de propiedad, entonces, el modelo económico habrá sido herido de extrema gravedad.

De alguna manera todas las estrategias en contra de la minería moderna, todas las fábulas y narrativas en contra de las inversiones en recursos naturales, incluso los relatos y mentiras medioambientales, hoy parecen desencadenar el avance de la minería ilegal que lo destruye todo. Y es que resulta natural, casi como una ley física: si se impide el desarrollo de la minería moderna que pagas impuestos y financia gran parte de los recursos del Estado, inevitablemente, avanzará la minería ilegal de la mano del crimen organizado, sobre todo cuando hay un nuevo ciclo de precios altos de los minerales.