No se deben ganar tierras al desierto para el minifundio. ¡De ninguna manera!

Durante el gobierno de Dina Boluarte se han hecho importantes anuncios sobre el destrabe de Chavimochic III, Majes Siguas II y Chinecas, que podrían ganar al desierto más de 150,000 hectáreas gracias a estos proyectos hídricos que trasvasan ríos de la costa y represan el agua para regar los desiertos y generar energía eléctrica. Sin embargo, luego de estos anuncios ya comienzan a aparecer los demagogos y populistas señalando que las tierras deberían ser vendidas con “criterios sociales”; es decir, en vez de inversiones con alta intensidad de capital y tecnología, pequeños predios para generar la ilusión de luchar contra la pobreza y favorecer la estrategia de algunos especuladores.

Para entender la magnitud del yerro de este argumento vale señalar que en el Perú existen más de siete millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, de las cuales el 95% está conducido por más de 2.2 millones de minifundistas con predios de menos de cinco hectáreas. Es el resultado directo de la demagogia y el estatismo velasquista de fines de los sesenta. La mayoría de los minifundistas desarrolla una agricultura familiar, de sobrevivencia, de perpetuación de la pobreza, por falta de títulos de propiedad que le resta asociatividad y la posibilidad de crear economías de escala y obtener créditos, por falta de infraestructuras hídricas y conectividad física.

Como se aprecia, el Estado y los gobiernos son los únicos responsables de la pobreza y la postración de los minifundistas. Sin embargo, la demagogia anticapitalista pretende atribuir el relegamiento de la pequeña propiedad al milagro agroexportador peruano, que solo se desarrolla en el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura; es decir, en alrededor de 250,000 hectáreas ganadas al desierto. 

Como todos sabemos, gracias a la Constitución de 1993, la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) –absurdamente derogada por el gobierno provisional de Sagasti– y los 22 tratados de libre comercio, en esa pequeña extensión de tierras de la agricultura nacional surgió un verdadero milagro mundial: en dos décadas las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones y la pobreza descendió significativamente en las regiones agroexportadoras.

En este contexto, vale señalar que los anuncios del Ejecutivo acerca del destrabe de Chavimochic III, Majes Siguas II y Chinecas, si bien revelan una nueva y encomiable voluntad del gobierno de Dina Boluarte, los anuncios generan enormes interrogantes. ¿Por qué? El destrabe de los proyectos se desarrolla con la modalidad de gobierno a gobierno; sin embargo, la materialización de los proyectos hídricos no tendrá ningún valor económico ni contribuirá al desarrollo nacional si no hay claridad sobre la venta y comercialización de las tierras ganadas al desierto. ¿A qué nos referimos? Es imposible que un gobierno, que un Estado, asuma criterios comerciales para vender tierras.

A nuestro entender las cerca de 150,000 hectáreas ganadas al desierto deberían venderse por predios no menores de 200 hectáreas que convoquen inversiones intensivas en capital y tecnología, de manera que se garanticen economías de escala y eleven la productividad de la agricultura. Algo así solo se puede garantizar por un operador privado; es decir, bajo la modalidad de asociaciones público privadas (APP). En el modelo de APP el operador se encarga de las inversiones en infraestructuras, se encarga del mantenimiento de las obras –por los años contemplados en el contrato– y asume la comercialización de las tierras. El Estado no aporta recursos.

Vale señalar, por ejemplo, que en la actualidad el 85% de las empresas agroexportadoras corresponden a predios de menos de cinco hectáreas. Es evidente que se ha logrado generar cadenas productivas con las grandes inversiones. ¿Qué significa semejante información? Que las inversiones intensivas en capital y tecnología pueden convertirse en las locomotoras que jalen los vagones del minifundio. 

Claro está que se necesita que el Estado resuelva el problema de los títulos de propiedad y de las infraestructuras hídricas para que la prosperidad que desata el modelo agroexportador se generalice a todo el minifundio. Igualmente, el Congreso debe aprobar una nueva legislación promotora de agroexportaciones luego del legicidio del gobierno de Sagasti con la derogatoria de la Ley 27360.