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El Perú necesita un satélite de telecomunicaciones propio. No como un lujo tecnológico ni como una aspiración futurista, sino como una urgencia en materia de defensa nacional, educación pública y eficiencia estatal. La falta de una infraestructura satelital propia nos hace depender de servicios extranjeros costosos, limita nuestra capacidad de respuesta ante emergencias y mantiene a millones de peruanos fuera de la red de conectividad.
Defensa nacional: vulnerabilidad por dependencia
El Perú es un país expuesto a múltiples amenazas naturales: terremotos, huaicos, inundaciones, incendios forestales. También enfrenta riesgos en el ámbito cibernético y geopolítico. Sin un satélite de comunicaciones propio, cada una de estas situaciones nos encuentra con una infraestructura vulnerable, dependiente de redes terrestres frágiles o de servicios satelitales alquilados a empresas extranjeras.
Esto no es solo una cuestión de tecnología, sino de soberanía. La capacidad de coordinar a las Fuerzas Armadas, a los equipos de defensa civil y a las autoridades regionales en tiempo real durante una crisis depende de una red robusta y autónoma. Si esa red está fuera de nuestro control, nuestra capacidad de respuesta se debilita. Tener un satélite propio permitiría establecer canales seguros y continuos de comunicación para operar incluso cuando las redes terrestres colapsen.
Además, un sistema satelital nacional sería clave en la protección de nuestras fronteras. Zonas como el VRAEM, o regiones fronterizas amazónicas, carecen de conectividad estable. Esto limita el monitoreo, la inteligencia y la capacidad de despliegue rápido. Un satélite de comunicaciones permitiría articular mejor los esfuerzos de seguridad, dotando a estas áreas estratégicas de un canal constante para transmisión de datos y coordinación táctica.
Educación: cerrar la brecha digital de verdad
Mientras en Lima y otras capitales regionales el acceso a internet es casi un derecho adquirido, en zonas rurales sigue siendo un privilegio. Más del 70% de los centros poblados rurales carecen de servicios móviles. En muchos lugares de la Amazonía o los Andes, una señal de internet es más difícil de conseguir que un médico.
En contextos así, hablar de educación digital es casi una ficción. Durante la pandemia quedó en evidencia: miles de niños no pudieron seguir clases por falta de conectividad. Esta situación persiste. Un satélite de comunicaciones permitiría llevar internet a zonas remotas sin depender de costosas instalaciones de fibra óptica o infraestructura terrestre que la geografía peruana hace inviable. En lugar de esperar años por una red cableada, podríamos ofrecer cobertura satelital en cuestión de meses.
La conectividad no solo impacta en las aulas. Permite acceso a plataformas educativas, cursos online, bibliotecas virtuales y capacitaciones docentes. También facilita la inclusión digital de comunidades indígenas y rurales, muchas veces excluidas del sistema educativo nacional. Un satélite no resuelve todos los problemas de la educación, pero es la base tecnológica para empezar a hacerlo en igualdad de condiciones.
Ahorro a largo plazo: lo caro es seguir alquilando
Actualmente, el Estado peruano gasta decenas de millones de dólares al año en servicios satelitales para instituciones públicas. En 2023, esta cifra superó los US$ 54 millones. A este ritmo, el desembolso en 15 años será superior a los US$ 325 millones, lo suficiente para comprar e incluso operar un satélite propio. No se trata solo de gasto, sino de un mal negocio.
Alquilar capacidad satelital es más caro que poseerla. Además, fracciona la demanda: cada entidad pública negocia por su cuenta, sin aprovechar el peso negociador del Estado como un solo cliente. Un satélite propio permitiría unificar la gestión de telecomunicaciones, acceder a economías de escala y, en el futuro, incluso alquilar capacidad excedente a operadores privados, generando ingresos que amortigüen la inversión.
Se estima que un satélite de tipo HTS (High Throughput Satellite) cuesta entre US$ 180 y US$ 325 millones, dependiendo de su cobertura y capacidad. Esta inversión se recupera no solo con ahorros en contratos, sino con los beneficios indirectos en seguridad, educación, inclusión digital y fortalecimiento institucional.Además la adquisición de un satélite no debe verse como una compra aislada, sino como parte de una política tecnológica de largo plazo. Al igual que el PerúSAT-1 en 2016 nos permitió desarrollar capacidades en observación terrestre, un satélite de telecomunicaciones impulsaría nuevas competencias en ingeniería espacial, gestión de redes y tecnología aeroespacial. Formar profesionales peruanos en estas áreas es una apuesta estratégica que puede posicionar al país como actor regional en temas satelitales.
Además, un proyecto de esta magnitud abre la puerta a alianzas internacionales, transferencia de tecnología y desarrollo de centros de investigación. La soberanía tecnológica no se construye solo con compras, sino con conocimiento.
Una decisión política con visión de país
La viabilidad técnica y económica de un satélite de comunicaciones está comprobada. Las experiencias de países vecinos como Bolivia, Argentina o Brasil demuestran que es posible y rentable. Lo que falta en el Perú no es capacidad, sino decisión. Una voluntad política que entienda que tener soberanía digital, seguridad estratégica y educación conectada es una prioridad nacional.
El satélite no es un lujo para la ciencia. Es una herramienta concreta para proteger vidas, cerrar brechas y ahorrar recursos. Una inversión que nos hará menos dependientes, más preparados y más justos. El momento de actuar es ahora.
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