Comisión de Trabajo se convierte en enemiga del empleo formal

En una locura que revela un descontrol de las izquierdas en el afán de aprobar leyes y normas que incrementen su casi inexistente respaldo electoral, en la Comisión de Trabajo del Legislativo se aprobó el proyecto de ley 9744, que propone otorgar incentivos económicos a los inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en función del incremento de la recaudación por multas. En otras palabras, los inspectores ganarán más por el número de infracciones que registren. 

La delirante propuesta se formula en una sociedad en donde el 75% del empleo es informal –según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- y en donde más del 80% del empleo es provisto por micro y pequeñas empresas (mypes) que, generalmente, suelen desarrollar sus actividades económicas al filo de la formalidad por los enormes costos laborales que implica contratar a un trabajador de manera formal. ¿Cuál va a ser el resultado de esta medida? Es incuestionable que la Comisión de Trabajo del Legislativo acaba de lanzar una verdadera bomba nuclear contra la formalización de las mypes, porque la mayoría de ellas tenderá a buscar el refugio en la informalidad.

Por otro lado, el mundo de grises y pardos entre la formalidad e informalidad que representan las mypes, de una u otra manera, alentará al ejército de fiscalizadores de la Sunafil a recolectar multas a diestra y siniestra destruyendo el sustento de miles de familias, no solo a través de las multas a los pequeños empresarios, sino también mediante el cierre de empleos.

Asimismo, el mundo del trabajo formal, es decir el universo de las corporaciones y las grandes compañías no tendrán mayores problemas para atender al ejército de fiscalizadores de la Sunafil. Este sector de la economía tiene todos los recursos para atender las condiciones sociales y obligaciones que se reconoce el trabajador en la legislación laboral y, ante cualquier arbitrariedad en la fiscalización, también tiene los recursos y los abogados para apelar. En las mypes no existe algo parecido.

El proyecto aprobado en la Comisión del Trabajo del Legislativo es una medida delirante desde cualquier punto de vista, que solo puede entenderse desde la ideología colectivista y comunista de algunas bancadas en el Legislativo, que pretenden organizar un sistema laboral organizado en sindicatos y federaciones y en donde los supuestos derechos son reconocidos al margen de la productividad y de las empresas. Detrás de estas propuestas, obviamente, está la vieja receta marxista sobre las relaciones entre los trabajadores y los empresarios, es decir el trapo viejo intelectual sobre la lucha de clases que sigue ondeando en las bancadas de izquierda.

Uno de los aspectos técnicos más cuestionables del señalado proyecto de ley es que desvirtúa totalmente la importante herramienta de la fiscalización laboral del Ministerio de Trabajo, cuyo objeto principal es la formación de los empresarios en las relaciones laborales y la prevención de cualquier arbitrariedad o mala interpretación de la ley.

Una vez más la influencia marxista, colectivista, en las relaciones de trabajo, sigue produciendo más informalidad y más desincentivos para invertir en capital humano. De alguna manera los autores de esta norma siguen creyendo que los empresarios se dedican a explotar a los trabajadores y que la riqueza de una sociedad poco tiene que ver con la inversión y la innovación en los mercados. Una creencia que persiste como una religión fundamentalista, a pesar de que en los países de la ex Unión Soviética todas estas teorías se desplomaron.