No hay estrategia forestal en el Perú

Los inversionistas forestales continúan señalando que la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº27360) debería ser aplicada al sector forestal y extendida hasta más de 30 años, porque las plantaciones forestales son de largo alcance. Asimismo, indican que si esta extensión se produce, las exportaciones forestales superarían largamente a las exportaciones agrícolas.

El crecimiento de las actividades forestales es posible si el Estado decide asumir el rol que le compete. Por un lado, estableciendo en la comunidades selváticas los servicios básicos de educación, salud, carreteras, seguridad, justicia y, sobre todo, energía y agua potable para uso doméstico e industrial. Y, por otro lado, otorgando concesiones forestales de 40,000 hectáreas por 40 años, resolviendo la titulación de los predios de las comunidades nativas y promoviendo ideas de asociatividad para permitir la participación de las comunidades en la utilización de los recursos naturales. Haciendo esto, la transformación de la selva amazónica sería una realidad.

El Perú tiene más del 60% de su territorio ocupado por bosques, pero solo exporta productos forestales, maderables y no maderables —entre ellos papel, tablones, madera prensada, puertas, triplay y otros—, por US$ 603.94 millones anuales. No obstante que Perú es el noveno país con más área forestal en el mundo y el segundo en Sudamérica, hasta ahora no ha logrado establecer industrias de transformación forestal capaces de, por lo menos, abastecer al mercado local. Diversos productos maderables terminados, de procedencia chilena, son ahora los preferidos del sector construcción.

Al respecto, según el Anuario 2017, publicado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), las importaciones forestales alcanzaron US$ 2,069 millones; es decir, la balanza comercial forestal peruana es negativa, pese a la extensión de los bosques peruanos. Mientras en el país las inversiones para transformar los productos forestales son escasas, Chile exporta productos madereros en un promedio anual de US$ 6,000 millones.

Según Carlos Cabrejos, especialista en temas forestales, el sector peruano soporta una continua y negativa campaña por parte de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, y de las ONG vinculadas a sectores “seudo ambientalistas conservacionistas” de izquierda. Asimismo, señala que entre los principales importadores y distribuidores peruanos de productos forestales, están las empresas promovidas por Prochile, la agencia promotora del gobierno chileno en el extranjero.

El Estado ha abandonado los bosques peruanos. La selva está a merced de los contrabandistas de madera, taladores ilegales de árboles, narcotraficantes, militantes de Sendero Luminoso y “asesores” de comunidades indígenas, que se han propuesto detener la producción y transformación de la madera. La criminalidad organizada ha constituido zonas liberadas en medio de los bosques y somete a las comunidades nativas para extraer ilegalmente los recursos de sus propiedades, sin que las autoridades puedan impedirlo.

En la actualidad, más de 4,800 personas jurídicas y naturales poseen permisos forestales en predios privados y comunidades nativas y campesinas, concesiones maderables, no maderables, de forestación y reforestación, y contratos de administración de bosques en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Pasco, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Junín y Amazonas. Estas concesiones serían más competitivas con más vías de comunicación (carreteras, puertos pluviales y aéreos) en buen estado de conservación.

En la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2017), se dijo que a partir del 2018 se desencadenaría el despegue del sector forestal. Se proyectaron S/ 100 millones para nuevos plantíos que generarían decenas de puestos de trabajo. La meta era exportar más que Chile. Sin embargo todavía no hay ningún avance que celebrar.