¡No a la incertidumbre en competitividad portuaria!

Hasta la fecha, el Grupo de Trabajo de Control Constitucional de los Actos Normativos del Poder Ejecutivo no ha programado para debate y votación, el informe sobre el Decreto Legislativo N° 1492, que excede las facultades legislativas. Todo indica que todo indica que este decreto legislativo es inconstitucional porque interviene en los contratos entre privados en el comercio exterior peruano. Veamos a qué nos referimos.

El pasado 10 de mayo el Ejecutivo emitió, a través de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Decreto Legislativo Nº 1492,  que supuestamente busca impulsar la competitividad logística del comercio exterior, a través de la transparencia de los costos, y asegurar la predictibilidad en las operaciones que realizan los usuarios con respecto a los servicios contratados vinculados al transporte de mercancías.

Como habíamos indicado en un informe anterior, la norma parece tener un objetivo atendible, porque –según sus promotores en el Mincetur– pretende apoyar la iniciativa de las pequeñas empresas, sobre todo en el transporte marítimo. Pero en realidad es una iniciativa inconstitucional porque el Estado intervendría y regularía los contratos y negociaciones entre privados.

La norma ignora que el transporte marítimo internacional de carga se rige por contratos privados, celebrados entre embarcadores y navieras, bajo convenios internacionales suscritos por el país. No solo eso, cuando se pretende “transparentar los costos” –porque, según indican desde el Ejecutivo, existen “costos evitables”– se olvida que, en la práctica internacional, se cobra por tipos de containers, cargos administrativos y aclaraciones al manifiesto de la carga.

Asimismo, desde el Ejecutivo se olvida que el 94% de los clientes de las navieras son grandes y medianas empresas, mientras que las pymes son atendidas por los agentes de carga internacional. No es cierto, entonces, que se les quite competitividad a las pymes, puesto que estas reciben un servicio más acorde con el volumen de sus operaciones.

Es necesario indicar que no existe estudio técnico que demuestre que la aplicación del D.L. 1492 mejore la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Si bien existe un estudio del Banco Mundial sobre ello, el sesgo del referido documento es absolutamente increíble porque no toma en consideración los diversos esquemas de tributación a los que la industria está sometida.

Desde este portal invocamos al Ejecutivo a que resuelva de una vez el problema, y que no agregue incertidumbre al sector portuario en un momento en el que todos los países están tratando de garantizar un adecuado clima de negocios y proveer estabilidad jurídica a sus empresarios. En ese sentido, el Perú –con un Gobierno intervencionista– intenta lo contrario. El populismo es una receta que puede causar una letalidad parecida o superior a la pandemia de la Covid. El motivo: destruye empresas, evita la recuperación económica, desalienta las inversiones y aumenta la pobreza.

El Gobierno peruano, en un momento de crisis económica, no puede generar mayor incertidumbre a los empresarios. Ya lo está haciendo en el sector educativo privado, en el que pretende intervenir como antes el Congreso lo hizo en los peajes. Basta de populismos que consiguen aplausos fáciles, pero crean pobreza.