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Diversas bancadas en el Congreso se aprestan a aceptar la ampliación de los plazos establecidos para el Reinfo, que vencen este 31 de diciembre, mediante la modificación del artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.
La propuesta que avanza en las bancadas legislativas modifica los plazos de la formalización minera estableciendo que “el plazo de la vigencia del proceso de formalización integral de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal concluye con la entrada en vigor de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal”. En otras palabras, el Legislativo ha extendido, como se dice, hasta las calendas griegas el fracaso de la formalización minera en el Perú. Si en tantos años no se ha aprobado una ley de pequeña minería, ¿por qué tendría que hacerse ahora? En cualquier caso, una indefinición extrema para una emergencia nacional.
El problema es que, en la situación actual, no solo se trata del fracaso de la formalización minera, sino que sobre ese fracaso avanza la minería ilegal que desarrolla alianzas con el crimen organizado, tal como sucede en la provincia de Pataz en La Libertad. Bajo un aparente discurso social a favor de la pequeña minería, en el Congreso se acepta una situación que posibilita el avance de la minería ilegal.
La minería ilegal es la que se desarrolla sobre las concesiones formales otorgadas a la minería moderna, sobre los parques nacionales y zonas reservadas. Las actividades de la minería ilegal no solo amenazan a la minería moderna, sino que destruyen el medio ambiente, acaban con las posibilidades de recaudación fiscal del Estado y de los círculos virtuosos del empleo formal. Por estas razones, la primera decisión que se debería aprobar el Congreso es que todas las actividades de la minería ilegal deberían ser canceladas e intervenidas por las instituciones del Estado (Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial).
Sobre el fracaso de la formalización minera los mineros ilegales pretenden desarrollar un aparente “discurso social en contra de la exclusión de los pequeños mineros” y financiar a todos los movimientos antisistema que pretenden acabar con el sistema de derechos de propiedad en el Perú, condición fundamental para el avance de la minería ilegal.
¿Por qué debemos hablar del fracaso de la formalización minera? Después de 22 años de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del Ministerio de Energía y Minas, de un total de 87,082 inscritos un poco más de 11,000 pequeños mineros ha logrado su formalización. Sin embargo, el 83% de los inscritos en este registro está en condición de suspendidos, el 64% ocupa concesiones de terceros y el 92% de posesionarios no tiene la titularidad de los predios que explotan. Lo más grave de todo es que la vigencia del Reinfo posibilita a los inscritos en este registro desarrollar actividades en zonas grises de la legalidad y la ilegalidad en minería. El motivo: según el Decreto Legislativo 1102 los inscritos en el Reinfo están exentos de responsabilidad penal a pesar de la enorme cantidad de delitos que concurren en la minería ilegal.
El actual desborde de la ola criminal en el país, de una u otra manera, tiene que ver con el desarrollo de las economías ilegales en el país. Hoy la minería ilegal moviliza alrededor de US$ 5,000 millones y, considerando los precios del oro y el cobre y las potencialidades mineras del país, se convierte en una amenaza letal para el Estado de derecho. Si antes la hiperinflación y el terrorismo eran las causas de la inviabilidad de nuestra sociedad, de la organización de un Estado fallido, hoy la minería ilegal se convierte en uno de los mayores peligros para el futuro del Perú.
Sin embargo, en el Congreso de la República no se parece registrar la gravedad de la situación. Terrible, devastador.
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