Miles de hectáreas sin norma que fomente inversiones y empleo formal

El Ejecutivo acaba de anunciar el destrabe de la Tercera Etapa del Proyecto de Chavimochic, que habilitará cerca de 40,000 nuevas hectáreas para las agroexportaciones y resolverá el problema de la energía eléctrica en diversas zonas de La Libertad. Mediante un contrato de gobierno a gobierno con Canadá se terminará de construir la represa de Palo Redondo y el canal madre. Sin embargo, el Ejecutivo no ha anunciado cómo se mantendrá la enorme obra de infraestructura y cómo se venderán las miles de hectáreas al sector privado. 

Para entender la magnitud de las cosas vale señalar que la agroexportación en Ica, la región emblemática de esta actividad en el país –con pleno empleo y menos de 6% de pobreza– suma alrededor de 30,000 hectáreas. Por otro lado, esta noticia nos recuerda que está pendiente el destrabe del proyecto Majes Siguas II, que podría habilitar cerca de 40,000 nuevas hectáreas al milagro agroexportador nacional. Asimismo, vale recordar que, a través de siete proyectos hídricos, el Perú –que actualmente desarrolla su revolución agroexportadora en 250,000 hectáreas– tiene el potencial de incrementar la frontera agrícola moderna en 400,000 hectáreas ganadas al desierto.

El potencial del Perú, pues, es gigantesco. Sin embargo, desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) no hay nuevas inversiones en este sector. Si las agroexportaciones siguen creciendo, las cosas se explican por la inercia de las inversiones anteriores.

Una de las cosas más relevantes de la Ley 27360, derogada absurdamente por el gobierno provisional de Sagasti, era el sistema de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo que permitía contratar de acuerdo a la estacionalidad de las actividades agrarias: siembra, mantenimiento y cosecha. Algunas empresas llegaban a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores por campaña, con todos los derechos sociales reconocidos. De allí que en el 2004 existieran alrededor de 460,000 empleos formales, entre directos e indirectos, en tanto que en la actualidad suman más de un millón de trabajos formales. De allí, igualmente, que el promedio de los salarios en las regiones agroexportadoras superara el promedio nacional y la pobreza se ubicará muy largamente debajo de la media nacional.

Sin embargo, como si se tratara de un enemigo nacional, el gobierno provisional de Sagasti, promulgó la Ley 31110 que, en la práctica, eliminó la flexibilidad laboral. Se estableció un bono especial para el trabajador agrario (BETA), que implica una bonificación en el salario agrario por encima del 30% de la remuneración mínima vital. De la misma manera se promovió artificialmente la negociación por rama y la formación de sindicatos agrarios, y también se fomentó la contratación preferencial de los trabajadores antiguos.

Semejante barbarie económica de las corrientes progresistas y socialistas se materializó ignorando que la planilla laboral representa entre el 50% y el 60% de los costos generales de las empresas. En este contexto, casi el 80% de la cadena agroexportadora, conformada por pequeñas unidades, empezó a desarrollar una tendencia hacia la informalidad. En los próximos meses se revelará la brutalidad económica que representó derogar la ley de Promoción Agraria.

En vez de convertir a la Ley de Promoción Agraria en la base de la reforma tributaria y laboral del Perú para promover inversiones, la reinversión de utilidades constante y la masiva contratación formal de empleo, el progresismo anticapitalista avanzó en la derogación de una de las mejores normas económicas de la historia republicana. 

Para entender la magnitud de las cosas vale señalar que, en dos décadas de vigencia de la mencionada ley, las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en la actualidad. Se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se produjo el mayor proceso de reinversión de utilidades de la historia nacional, mientras la recaudación tributaria se incrementaba como nunca antes.