¡Michiquillay sí va!

Un numeroso grupo de jóvenes cajamarquinos ha decidido defender lo que para ellos significa progreso y bienestar: el proyecto cuprífero Michiquillay. Dirigidos por Jesús Díaz, presidente de la comunidad de Michiquillay, están en total desacuerdo con los pequeños sectores de activistas antimineros que constantemente visitan las comunidades cercanas al proyecto con el propósito de soliviantar a la población en contra de la minería. Han decidido cerrarle el paso a los autodenominados dirigentes ronderos que se entrometen por la fuerza en los poblados, con relatos ambientalistas falsos y repitiendo los mitos que detuvieron el proyecto Conga.

Díaz y unos 800 jóvenes son conscientes de que Cajamarca es la región más pobre del país por la falta de inversiones privadas. Por ejemplo, el turismo —que fue fuente de enormes ingresos para la región— está por los suelos. Según el Compendio Estadístico Perú 2016, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el periodo 2013-2015 los principales destinos de huéspedes nacionales y extranjeros fueron Lima (24.79 millones de huéspedes), Callao (2.19 millones), Cusco (2.88 millones), La Libertad (1.92 millones), Arequipa (1.79 millones), Ica (1.39 millones), Piura (1.14 millones), Junín (1.13 millones), Áncash (1.05 millones) y San Martín (1.08 millones). En ese periodo, Cajamarca apenas registra 796,424 viajeros.

Los jóvenes de las comunidades de Michiquillay y la Encañada —que son víctimas de la pobreza, del desempleo y de la falta de oportunidades— entienden ahora que la minería moderna y responsable —respetuosa de los estándares ambientales y sociales— ofrece tributos, regalías, canon y otros recursos económicos que se distribuyen en la región, distritos, provincias y universidades públicas. Asimismo, saben que la minería es fuente de enormes posibilidades de trabajo, salud, educación, infraestructura vial, iniciativas agrícolas y ganaderas, y perspectivas empresariales a gran escala.

Según los jóvenes, el ex gobernador Gregorio Santos ya no representa a los cajamarquinos, tampoco el autodenominado dirigente Wilfredo Saavedra, sentenciado a cuatro años de prisión suspensiva por actos vandálicos. Díaz ha denunciado que los activistas antimineros han organizado invasiones alrededor de las comunidades. Algo parecido se realiza en otros emprendimientos mineros. Por ejemplo, en Chamaca (Cusco) los antimineros organizan a supuestos mineros informales con el propósito de invadir territorios cercanos a las operaciones mineras.

Michiquillay es un proyecto de clase mundial, de US$ 2,000 millones de inversión para una producción de 80,000 toneladas de cobre por día, además de oro, plata y molibdeno. Antes del proceso de adjudicación, los pobladores de las distintas comunidades cajamarquinas de la llamada “zona de influencia” participaron activamente para lograr el éxito de la subasta. De esta manera, las minorías antimineras ya no pueden argumentar la falta de la llamada “licencia social”, que es la gran mentira construida por la izquierda extremista para detener toda inversión e impedir la lucha contra la pobreza y desempleo en el país.

El Gobierno de Martín Vizcarra no debe dejar el proyecto Michiquillay a medio camino. Las mejores condiciones sociales y políticas que genere la presencia del Estado en la zona son importantes. Lo que digan Gregorio Santos, Marco Arana y el extremismo antiminero organizado alrededor de las ONG supuestamente medioambientales y de derechos humanos no debe hacer retroceder al país. Todos ellos tienen una misma agenda antisistema, antimercado y antiprogreso, y son parte de intereses económicos internacionales, de los traders que comercializan los minerales en el mundo. ¿O no?

Conga, Michiquillay, Galeno y otros proyectos de la región aumentarían sustantivamente la producción de cobre en el Perú. Esto significaría más divisas, incremento del PBI, más empleo y menos pobreza.