Majes Siguas, Chavimochic y las agroexportaciones peruanas

Bajo el imperio de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio y la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), el Perú llegó a convertirse en un verdadera potencia agroexportadora que enviaba productos a casi todos los continentes. El sector creció tanto que llegó a brindar empleo a más de un millón de personas, entre empleos directos e indirectos, y en las regiones agroexportadoras la pobreza se redujo por debajo de la media nacional.

Y todo este fenómeno se ha desarrollado en apenas 250,000 hectáreas (ha), que representan el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura en el país. Como se sabe, en el país hay más de dos millones de minifundistas, con menos de cinco hectáreas cada uno; ellos gestionan el 95% de los terrenos rurales. De allí la enorme importancia de destrabar el proyecto Majes Siguas II y Chavimochic III que permitirán habilitar 100,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto para inversiones en agroexportaciones, lo que significaría un incremento del 40% en las tierras destinadas a esta actividad.

Pero vayamos por partes. Desde el Poder Ejecutivo se anunció, la semana pasada, el destrabe de la Tercera Etapa del Proyecto de Chavimochic, que habilitará cerca de 40,000 nuevas hectáreas para las agroexportaciones y resolverá el problema de la energía eléctrica en diversas zonas de La Libertad. Mediante un contrato de gobierno a gobierno con Canadá se terminará de construir la represa de Palo Redondo y el canal madre.

Por su parte, el proyecto Majes Siguas II propone la edificación de una represa en el río Siguas, destinada a la gestión óptima de sus recursos hídricos, tanto para la habilitación de tierras fértiles para la práctica agrícola y la generación de energía hidroeléctrica, a través de dos centrales hidroeléctricas (Lluta y Lluclla), para toda la región. Las nuevas tierras cultivables (40,000 ha) generadas por este proyecto serán distribuidas en parcelas que superan las 200 hectáreas. Así no solo se estimulará la inversión y la adopción de tecnologías avanzadas, sino que también se impulsará el crecimiento de cadenas agroexportadoras capaces de inyectar vitalidad a la economía regional.

No obstante la posible concreción de Majes Siguas y Chavimochic, las inversiones en el sector agrícola enfrenta un obstáculo sustancial: la ausencia de la derogada Ley de Promoción Agraria. Esta normativa, que establecía regímenes tributarios y laborales promocionales, fue un pilar fundamental en el desarrollo del milagro agroexportador peruano. Cabe recordar que dicha ley fue derogada durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti. La necesidad de restaurar la Ley de Promoción Agraria radica en que las inversiones agrícolas –especialmente en cultivos como paltas, cítricos y arándanos– demandan un promedio de más de ocho años para alcanzar rentabilidad. Además, estas inversiones se enfrentan inevitablemente a eventos climáticos e imponderables geográficos, convirtiendo la actividad en extremadamente riesgosa.

En una reciente entrevista Fernando Cillóniz, exgobernador de la región Ica y representante del gremio agropexportador, afirmó que las más de 100,000 nuevas hectáreas cultivables que se generarán con los dos proyectos hídricos mencionados, “dadas las actuales condiciones

económicas, no van a poder subastarse, porque no va a haber compradores. Y eso es consecuencia de la derogación de la Ley de Promoción Agraria”.  Recordemos que dicha ley ha sido reemplazada por la promulgó la Ley 31110 que, en la práctica, elimina la flexibilidad laboral, estableciendo además un bono especial para el trabajador agrario (BETA), que implica una bonificación en el salario agrario por encima del 30% de la remuneración mínima vital. Desde la promulgación de esta ley casi el 80% de la cadena agroexportadora, conformada por pequeñas unidades, ha empezado a desarrollar una tendencia hacia la informalidad.