Los juegos de artilugio del Ejecutivo frente a la crisis de Petroperú

Es evidente que el Ejecutivo con la presencia de José Arista al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho, no ha optado por el simple despilfarro de los recursos nacionales para seguir sosteniendo a Petroperú, una empresa quebrada cuyos anteriores directivos pretendían seguir sangrando al erario nacional hasta el infinito. 

El Decreto de Urgencia aprobado por el Gobierno sobre la petrolera estatal si bien no desarrolla aportes de capitales ni se compromete a hacerlo, otorga una carta garantía para obtener créditos del Banco de la Nación (BN). El mencionado crédito con garantía del MEF se estima en US$ 800 millones. 

Por otro lado, el BN deberá incrementar la línea de crédito para importaciones de la petrolera estatal de US$ 500 millones a US$ 1,000 millones. Una de las cosas que llama en extremo la atención es que las colocaciones del Banco de la Nación para Petroperú representan S/ 7,027 millones; es decir, los recursos destinados por el banco estatal a la petrolera representan alrededor del 41% del total de sus colocaciones. Con estas medidas, ya se puede sostener que dos empresas del Estado comparten problemas: Petroperú y el Banco de la Nación. Y como es evidente, si fracasa el banco estatal, el Ejecutivo tendrá que ir hacia el rescate por todo lo que representa para la sociedad.

Quizá la buena noticia en todas las interrogantes que genera la situación de Petroperú es la conformación de un directorio que se encargará de refinanciar las deudas y obligaciones de la petrolera estatal y, por otro lado, que deberá racionalizar gastos, personal e instaurar un gobierno corporativo de primer nivel para luego poner en agenda el futuro de Petroperú. Entre los miembros del directorio están el economista David Tuesta, Germán Boza y Oliver Stark. Buenos profesionales para una etapa de transición que, inevitablemente, debe culminar en la privatización de un elefante blanco que ya comienza a ser una amenaza para la estabilidad fiscal del país.

Vale señalar que el nuevo aporte del Estado a Petroperú –a través de una línea de crédito del BN con garantía– ni siquiera solucionará el problema de corto plazo: el aporte será de US$ 800 millones para enfrentar un déficit de capital de trabajo de US$ 2,500 millones, monto del cual US$ 2,000 millones corresponde a los proveedores de la petrolera estatal. Asimismo, sigue pendiente la respuesta sobre cómo se refinanciará la deuda total de Petroperú, que suma la gigantesca cifra de US$ 8,300 millones. 

Como se aprecia con absoluta claridad, la aventura de Petroperú, la modernización de la refinería de Talara y el intento de estatizar la política petrolera a través de la adjudicación directa a la entidad estatal de lotes con concesiones vencidas son un fracaso de principio a fin, tal como ha sucedido con la mayoría de las aventuras empresariales del Estado. Durante el gobierno de Dina Boluarte, de una u otra manera, las cosas comenzaron a salirse de control porque en el Ejecutivo no hubo reacción frente al hecho de que los sucesivos rescates financieros a la petrolera estatal comenzaban a amenazar la estabilidad fiscal.

El año pasado, por ejemplo, el déficit llegó a 2.8% del PBI, no obstante que se había proyectado una reducción del 2.4%. Si el Banco de la Nación no adelantaba la entrega de utilidades –un verdadero malabar financiero– el déficit pudo haber llegado al 2.9%. Con semejantes resultados la posibilidad de que el Perú pierda sus grados de inversión obtenidos con la sangre y sudor de los peruanos en las últimas tres décadas está, como se dice, a la vuelta de la esquina.

Por todas estas consideraciones, los artilugios y los intentos de reingeniería del Ejecutivo solo deberían ser los pasos previos para la inevitable privatización de este elefante blanco que no tiene posibilidad alguna de rentabilidad en los próximos años, tal como lo demuestra un estudio contratado por la propia petrolera estatal.