Luego de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo la pobre...
El año 2023 el Perú sumó más de US$ 10,000 millones en agroexportaciones, no obstante que no hubo incremento de envíos en número de toneladas con respecto al 2022. En valores las agroexportaciones siguieron creciendo porque otros países que compiten con el Perú enfrentaron eventos inesperados. Las frutas y hortalizas entonces aumentaron en precios. Algo parecido sucederá en el 2024. El país sumará alrededor de US$ 12,000 millones en exportaciones porque el valor de los envíos ha crecido ante los problemas de nuestros competidores; sin embargo, en número de toneladas exportadas todo sigue casi igual (4.19 millones de toneladas). El agro está estancado desde que el gobierno provisional de Sagasti derogara la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) para implementar la estrategia progresista en contra de la inversión privada.
Y los cultivos y las toneladas exportadas no crecen porque, simplemente, no hay nuevas inversiones. Se calcula que desde la derogatoria de la ley 27360 se han perdido inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas y se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales del total de 1 millón que genera el sector entre directos e indirectos.
El sector agrario, pues, necesita con extrema urgencia una nueva ley que promueva las inversiones en el sector; sobre todo considerando que el sector agrario es el único que debe contar con criterios promocionales, porque los cultivos y sembríos son seres vivos y enfrentan imponderables como el cambio climático y las plagas y enfermedades, que no se presentan en cualquier fábrica o industria. También se debe tener en cuenta que las nuevas inversiones se desarrollarán en tierras ganadas al desierto –a través de los proyectos hídricos– y que demandarán grandes inversiones hidráulicas, todo lo cual determinará que los proyectos maduren o alcancen rentabilidad en varios años.
A estos factores hay que agregar que el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura es propiedad o posesión de más de dos millones de minifundistas, cada uno con menos de cinco hectáreas, la mayoría de los cuales suelen desarrollar agricultura familiar y de sobrevivencia.
Es en este contexto que la Comisión Permanente del Congreso debería aprobar el dictamen sobre la nueva ley de promoción agraria que se tramita en el Legislativo. En este portal ya hemos informado que el mencionado proyecto establece que los pequeños agricultores que vendan hasta 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) –es decir, S/ 154,300– están exonerados del impuesto a la renta. Por otro lado, las pequeñas unidades, que vendan hasta 110 UIT –es decir, S/ 721,000– pagarán solo el 1% del impuesto a la renta. Con respecto al régimen general la iniciativa plantea 15% del impuesto a la renta entre el 2025 y el 2035, y sanciona un crédito tributario para las reinversiones en maquinaria, infraestructuras, tecnología, proyectos de investigación y capacitación. Se establece igualmente devolución anticipada del IGV y depreciación acelerada.
Para todos es conocido que el Perú por las condiciones geográficas y climáticas del desierto de la costa está llamado a convertirse en una potencia agroexportadora mundial. Hoy el milagro agroexportador peruano se desarrolla en alrededor de 250,000 hectáreas y ha logrado incrementar las agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones, se han captado más de US$ 20,000 millones en inversiones y se han creado más de un millón de empleos directos e indirectos.
Sobre esas cifras vale señalar que el país tiene la potencialidad de incrementar nuestra frontera agroexportadora en un millón de hectáreas ganadas al desierto a través de siete proyectos hídricos. En otras palabras, tenemos la posibilidad de multiplicar por cuatro nuestra potencialidad agroexportadora y crear más de cuatro millones de empleos entre directos e indirectos. Sin embargo, ninguna de estas proyecciones será posible si es que el Congreso no aprueba una ley de promoción agraria para multiplicar las inversiones en el sector.
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