¡Ley de hidrocarburos ya!

El nuevo proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) se encuentra en el pleno del Congreso de la República listo para su discusión y aprobación. El proyecto no solo ha sido consensuado por la mayoría de partidos representados en el Parlamento, sino que además cuenta con la aprobación de diversas instituciones y organizaciones vinculadas al sector de petróleo e hidrocarburos. Es más, la Federación Nacional Unitaria de Trabajadores Petroleros, Energéticos y Conexos del Perú (Fenupetrol) junto a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) ha decidido respaldar ampliamente su promulgación.

Entre otras propuestas, el proyecto de LOH promueve la extensión de la mayoría de contratos —de hasta 40 años— que están a punto de vencer. Homologa los plazos tanto para la explotación de petróleo como de gas. Además plantea la necesidad de renegociar las regalías para atraer a las petroleras major, de mayor perfil, y que Perupetro se constituya en el principal promotor de inversiones.

La situación del sector de hidrocarburos en Perú es terrible. En los últimos años ni se perfora ni se explora. En 2016, fueron devueltos 14 lotes; en 2017 fueron devueltos 10; y en 2018, uno. No hay reposición de reservas. Al 2017, un total de 4,500 pozos están cerrados y muchos afectados por “fuerza mayor” (operaciones suspendidas), por “conflictos” sociales y por actos de sabotaje.

El país importa US$ 1,000l millones de petróleo crudo. Con la nueva ley, US$ 5,000 millones de inversiones permitirán producir 100,000 barriles de petróleo al 2021, generando nuevos puestos de trabajo (tres indirectos por cada directo), incremento de las reservas probadas, menor importación de crudo y aumento del PBI nacional.

La mala situación del sector se agudiza por la burocracia capturada por los operadores del ambientalismo ideológico, que impiden la monetización de la reservas e impone el plazo de hasta cuatro años para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). “Los contratos están venciendo y deben ser prorrogados para no perder nuestros trabajos”, ha dicho claramente Leonidas Campos, secretario general de la Fenupetrol. “Además, Talara no necesita de un EIA. Por el contrario, necesita reafirmar su actividad de larga historia”, sentencia. Sin embargo, en el Congreso la izquierda firma proyectos “declarando de necesidad pública y de interés nacional” al trabajo, y por otro lado se opone a las inversiones privadas que ofrecen más puestos trabajo.

El entusiasmo de la SPH por la nueva ley debe ser compartido con los principales actores de la política peruana. El presidente de la República, Martín Vizcarra, y el jefe del Gabinete, César Villanueva, han indicado la importancia de la aprobación de la nueva LOH para reactivar el sector de hidrocarburos. Lo cierto es que la cancelación de los cinco contratos que estuvieron a punto de firmarse con la empresa noruega Tullow —para exploraciones offshore en el mar del norte peruano— despierta algunas dudas. Más aún con las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente (Minam), Fabiola Muñoz quien —en clara contradicción con la nueva ley de hidrocarburos— sostiene que sí o sí va el proyecto de la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), que declara como Área Natural Protegida a las zonas de la Isla Foca, el Ñuro, Los Arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora, en los departamentos de Piura y Tumbes.

En el dictamen de tal proyecto se argumenta que la explotación de hidrocarburos y gas en el mar afectará a la flora y la fauna del mar del norte peruano. Un dictamen sin sustento científico alguno. ¿Cómo, entonces, entender que existan dos líneas diferentes en el Gobierno de Vizcarra: una pro desarrollo y otra claramente contraria? Para el éxito de la ley, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Ministerio de Cultura y todos los entes del Estado deberían estar alineados en la misma dirección. El presidente Vizcarra tiene la palabra.

Contra el nuevo proyecto de ley, la izquierda antisistema organizará a los activistas de las federaciones nativas y de los sindicatos de pescadores. El Minam, con su ministra izquierdista, seguirá proponiendo nuevas zonas naturales protegidas para evitar la construcción de infraestructura productiva, que ayudaría a los pobladores más pobres en la selva. Comunidades sin servicios de agua potable, educación, salud, seguridad, justicia ni puertos ni carreteras de penetración. Es decir, la izquierda abandonando una vez más a los pobres y sus posibilidades de desarrollo.