Las agroexportaciones y la nueva edad de oro en el Perú

Es incuestionable que el desarrollo del proyecto de Chancay –que conectará las costas del Pacífico con las del Atlántico y creará un hub logístico, de transporte y de tecnología– coloca al Perú como un nuevo actor planetario, sobre todo considerando la creciente importancia económica de la llamada cuenca del Pacífico. El asunto es tan relevante que desde Estados Unidos se avanza en un proyecto de puerto espacial en Piura, por su cercanía con la línea ecuatorial, que implicaría que la NASA y el Estado peruano trabajen juntos, con las últimas tecnologías del planeta.

Si a estas referencias le sumamos el protagonismo del Perú en el cobre –segundo productor mundial y con la tercera reserva mundial–, el potencial agroexportador del Perú y las infinitas posibilidades de la industria turística nacional, nadie exagera cuando sostiene que el Perú está a punto de enfrentar una nueva edad de oro. Tal como sucedió en el Virreinato –también se dice que en la época del guano– cuando nuestro país era uno de los centros del planeta en esta área del sur de América.

En este contexto, es evidente que las agroexportaciones deben convertir al Perú en una de las grandes despensas del planeta, sobre todo por su capacidad de almacenar agua a través del represamiento de los ríos de la sierra y convertir los desiertos de la costa en oasis de frutas y legumbres a través del riego. Sin embargo, el Perú perderá una oportunidad de abreviar su camino al desarrollo si es que no utiliza adecuadamente esta nueva edad de oro que se avecina. Y la única manera de hacerlo es consolidando el Estado de derecho.

En las agroexportaciones, por ejemplo, cuando hubo Estado de derecho, en apenas el 5% de las tierras agrícolas –la mayoría ganadas al desierto– se desató el milagro agroexportador: en dos décadas las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en la actualidad, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y el empleo formal aumentó de 460,000 –entre directos e indirectos– a más de un millón de la actualidad. Sin embargo, durante el gobierno provisional de Sagasti el Estado de derecho se puso en cuestión: se derogó una norma fundamental en la promoción de inversiones.

En efecto, el milagro agroexportador se produjo bajo el marco de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú y la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que establecía un régimen tributario promocional y la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo.

Desde la derogatoria de esa norma todo se ha detenido en el sector agroexportador. Se han dejado de invertir en alrededor de 30,000 hectáreas y se pierden 100,000 empleos formales cada mes, desde octubre del año pasado. Por otro lado, a pesar de los compromisos, el Ejecutivo no ha solicitado facultades delegadas para aprobar una nueva ley de promoción agraria y superar el despropósito de la administración Sagasti.

Ahora que se habla de destrabar el proyecto Chavimochic III, Majes Siguas II y Chinecas, que le podrían agregar a las agroexportaciones 150,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto (el milagro agroexportador se desarrolla en 250,000 ha), la pregunta es evidente: ¿Quién va a invertir si no hay una ley de promociones de inversiones en el sector, tal como sucede con todas las agriculturas desarrolladas?

El asunto se dramatiza cuando se repara que, a través de 7 proyectos hídricos, el Perú podría sumar 500,000 hectáreas ganadas al desierto. Es decir, podría convertirse en una potencia agrícola mundial, diversificar su economía como nunca en la historia, desarrollar una manufactura y una industria vinculada al sector y, sobre todo, podría generar más de dos millones de empleos formales –entre directos e indirectos– y crear una clase media agraria a semejanza de cualquier sociedad desarrollada.